En el marco del IX Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, participó en el panel “La elección al Poder Judicial: avances y retos”, donde llamó a abrir una discusión seria y técnica sobre la viabilidad de adelantar la elección judicial prevista para 2027, y advirtió que hacerlo no representaría ningún ahorro presupuestal, además de generar importantes retos jurídicos, políticos y operativos.
Durante su intervención, el magistrado señaló que la eventual concurrencia entre la elección judicial y la elección política ordinaria de 2027 podría comprometer la claridad del proceso, la equidad entre candidaturas y la capacidad institucional de las autoridades electorales. Enfatizó que la idea de que empatar ambas elecciones reduciría costos es equivocada, ya que la elección judicial requiere una logística propia, materiales diferenciados, mecanismos específicos de capacitación y una operación electoral adicional que impedirían cualquier ahorro real.
“Una elección judicial requiere condiciones específicas para garantizar que la ciudadanía pueda emitir un voto informado y libre. Adelantarla sin la preparación adecuada no abarata el proceso, sólo lo vuelve más complejo y riesgoso”, afirmó.
Explicó que, por el contrario, realizar ambos procesos de manera simultánea podría incrementar los costos operativos, debido a la necesidad de instalar casillas diferenciadas, imprimir más documentación electoral, reforzar la capacitación del funcionariado y ampliar la capacidad de fiscalización y resolución de controversias. “No hay ahorro cuando se duplican las complejidades operativas”, subrayó.
En el plano jurídico, advirtió que la coincidencia de ambos procesos podría generar confusión entre el electorado al concentrar una gran cantidad de propaganda y cargos en disputa, además de afectar la distribución de tiempos oficiales en radio y televisión para las candidaturas judiciales. Recordó que la elección política de 2027 —con la renovación de la Cámara de Diputaciones, 17 gubernaturas, congresos locales y más de mil ayuntamientos— ya representa por sí sola una carga significativa para el sistema electoral.
Asimismo, destacó que la organización paralela de ambas elecciones pondría bajo fuerte presión a las autoridades administrativas y jurisdiccionales en tareas clave como la fiscalización, la capacitación electoral y la resolución de impugnaciones, lo que podría afectar la eficiencia institucional y la certeza del proceso.
Desde una perspectiva política, el magistrado explicó que aplazar la elección judicial no significa frenar la reforma, sino construir mejores condiciones para fortalecer su legitimidad democrática. Añadió que posponerla permitiría una mejor preparación de aspirantes, mayor información para la ciudadanía y un debate público más profundo sobre los perfiles técnicos de quienes busquen integrar el Poder Judicial.
Finalmente, señaló que la experiencia comparada demuestra que los procesos de elección judicial suelen organizarse de manera escalonada para garantizar mejores condiciones de comprensión ciudadana, certeza jurídica y eficiencia administrativa. En ese sentido, insistió en que cualquier ajuste al calendario debe evaluarse con responsabilidad institucional y visión técnica, evitando decisiones basadas en una expectativa de ahorro que en realidad no existe.
Con esta participación, Felipe de la Mata Pizaña reiteró la importancia de que cualquier transformación electoral se implemente con responsabilidad institucional, viabilidad operativa y pleno respeto a los principios democráticos, a fin de consolidar la confianza ciudadana en los procesos de renovación del poder público.
