La decisión del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, encabezado por la jueza Amarande Riojas Orozco, reactivó la discusión sobre los límites de la prisión preventiva en México. Aunque en redes sociales se interpretó como una liberación, la resolución no ordena la salida del acusado por el feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, sino que modifica la medida cautelar a resguardo domiciliario.
El imputado permanece privado de la libertad, ahora bajo vigilancia en su domicilio y sujeto a las condiciones fijadas por la autoridad judicial. La determinación se explica por el tiempo que llevaba en prisión preventiva sin sentencia, lo que obligó a revisar la medida conforme a criterios constitucionales.
El artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la prisión preventiva no puede exceder de dos años, salvo que el propio imputado retrase el proceso. Una vez superado ese plazo, el sistema penal acusatorio prevé que la persona enfrente el juicio bajo otras medidas cautelares.
Este caso vuelve a colocar en el centro del debate la tensión entre el uso de la prisión preventiva y el principio de presunción de inocencia. La resolución no modifica las pruebas ni adelanta un fallo sobre la responsabilidad penal, sino que se limita al ámbito procesal.
Autoridades federales han recordado que México ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso excesivo de esta medida. En ese contexto, los jueces están obligados a ajustar sus decisiones a estándares constitucionales e internacionales, incluso en casos de alta sensibilidad social.
El expediente tampoco entra al fondo del caso. La responsabilidad del acusado seguirá en análisis dentro del proceso penal, que continúa en curso.
El caso se originó tras la agresión contra Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo el 18 de marzo de 2019, quien falleció el 26 de abril de ese año después de permanecer en estado crítico. El acusado fue detenido en 2023, tras años de exigencia por parte de la familia.
En días recientes, Austria, hija de la víctima, expresó temor por su seguridad y la de su hermano ante el cambio de medida cautelar. Su postura reflejó el impacto que estas decisiones judiciales tienen fuera de los tribunales y explica por qué el caso volvió a ocupar la conversación pública.
