En el cierre de 2025, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) adjudicó un contrato por un monto máximo de 2 mil 412 millones de pesos para la prestación de servicios de aseo, higiene y desinfección en sus inmuebles a nivel nacional, una decisión que volvió a colocar bajo la lupa la contratación de empresas ligadas al llamado “cártel de la limpieza”.
La asignación se formalizó el 24 de diciembre, como resultado de la Licitación Pública LA-51-GYN-051GYN005-N-1-2026, y fue otorgada a la empresa Hurga Sanitización y Limpieza, S.A. de C.V., en participación conjunta con otras compañías del sector, para brindar el servicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
El procedimiento fue conducido por la Dirección de Administración del ISSSTE, encabezada por Omar Butrón Fosado, instancia encargada de establecer los criterios técnicos, administrativos y económicos para la evaluación de las propuestas presentadas por los participantes.
Uno de los puntos que ha llamado la atención de especialistas es la inclusión, entre los requisitos, de la Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA-2012, relacionada con buenas prácticas de fabricación para establecimientos de dispositivos médicos, pese a que dicha norma fue actualizada y sustituida por la NOM-241-SSA1-2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2024.
Expertos en contratación pública advierten que la exigencia de una norma ya derogada podría haber impactado las condiciones de competencia, al limitar la participación de proveedores que cumplen con la regulación vigente y, eventualmente, favorecer a determinados participantes.
El contrato forma parte de los servicios integrales de limpieza, higiene y desinfección en instalaciones administrativas, médicas y hospitalarias del ISSSTE, un rubro considerado estratégico dentro del gasto operativo del Instituto por su impacto directo en la operación diaria de clínicas y hospitales.
Hurga Sanitización y Limpieza ha sido señalada como integrante de un grupo de empresas que, bajo distintas razones sociales, ha concentrado contratos de limpieza en dependencias federales y que es identificado con José Juan Reyes Domínguez, conocido como “El Rey de la Limpieza”, figura recurrente en este tipo de adjudicaciones.
El tema adquiere mayor relevancia ante denuncias presentadas ante autoridades laborales y de seguridad social, en las que se señala que empresas vinculadas a este mismo esquema, como Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales y Servicios Integrales Retimar, habrían omitido el registro ante el IMSS de más de 13 mil trabajadores dedicados a servicios de limpieza.
De acuerdo con esas denuncias, la falta de pago de cuotas obrero-patronales podría representar un quebranto superior a 20 millones de pesos mensuales, con un impacto acumulado estimado en más de 150 millones de pesos en perjuicio de las finanzas públicas, lo que mantiene el tema bajo observación dentro del sector salud y de la administración federal.
