El municipio de Tultitlán, en el Estado de México, enfrenta una crisis de seguridad con un notable incremento en la actividad delictiva. La jornada violenta del fin de semana subraya una tendencia que, en los primeros ocho meses de 2025, acumula cientos de reportes de robo, extorsión y asaltos, según cifras oficiales.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que los delitos de lesiones han mostrado una tendencia ascendente, registrando más de mil incidentes entre enero y agosto, periodo que coincide con la administración de la presidenta municipal Ana María Castro Fernández. Los casos incluyen agresiones con armas blancas y de fuego.
El robo en sus diferentes modalidades es el delito más frecuente, con 672 casos de robo de vehículos, motocicletas y autopartes reportados en lo que va del año. Un foco de preocupación particular son los 102 asaltos denunciados contra transportistas.
Además, la inseguridad afecta directamente a los ciudadanos: los robos con violencia a transeúntes superan los 300 atracos en la vía pública, mientras que los asaltos en transporte público suman 101 casos y los robos a comercios rebasan los 500 incidentes en el mismo lapso.
El gobierno de Castro Fernández, quien asumió el cargo en enero, enfrenta serios cuestionamientos que se suman a la incapacidad para contener la ola de violencia. Reportes de prensa documentan contratos por más de 72 millones de pesos presuntamente otorgados mediante adjudicaciones directas o licitaciones con competencia simulada.
La Fiscalía Anticorrupción del Estado de México mantiene abierta una investigación bajo la carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02 contra la actual alcaldesa y su antecesora y cuñada, Elena García Martínez (hoy diputada local). Entre las irregularidades señaladas destaca el presunto desvío de 38.5 millones de pesos a una asociación civil para la adquisición irregular de 27 hectáreas ejidales en San Francisco Chilpan, sin contar con la documentación legal que acredite la propiedad.
Vecinos de las colonias Fimesa han denunciado pagos adicionales de 5 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares sin que se haya regularizado la situación jurídica de sus predios, lo que implica un riesgo de despojo.
Las críticas también apuntan a un esquema de posible nepotismo. Elena García habría impulsado la candidatura de su cuñada, y al menos tres familiares directos de la actual presidenta municipal trabajan en el Ayuntamiento.
Para algunos observadores políticos y empresariales, esta situación configura una red que busca afianzar el control municipal, mientras la inseguridad y la falta de inversión continúan.
La acumulación de denuncias y protestas ciudadanas refuerza la percepción de una gestión marcada por la concentración de poder y la discrecionalidad.
