La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vivió un hecho histórico al iniciar sus trabajos con la participación del ministro Arístides Guerrero, quien tras un accidente automovilístico se encuentra en condición de discapacidad y pudo integrarse a las sesiones de manera remota. Al mismo tiempo, el pleno discutió de fondo la obligación de consultar a las personas con discapacidad en la creación de leyes que las afectan directamente.
Inclusión inédita en la Corte
La participación de Guerrero marcó un precedente en la historia del máximo tribunal. Mediante un mecanismo híbrido, el ministro pudo votar y deliberar, lo que fue calificado como un ajuste razonable que garantiza la inclusión de las personas con discapacidad en la vida institucional del país.
“Este hecho representa que la Corte se abre paso a un modelo más incluyente y accesible”, señalaron especialistas, quienes destacaron el valor simbólico y práctico de la decisión.
El debate sobre la consulta
El caso discutido surgió de una demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra reformas estatales en Chihuahua, relacionadas con salud mental, prevención del suicidio y atención a personas con discapacidad. El argumento central es que dichas leyes fueron aprobadas sin una consulta previa, estrecha y activa a la población afectada, lo cual vulnera tanto la Constitución mexicana como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Corte analizó si la falta de consulta debía invalidar las normas o si podían mantenerse en vigor con ajustes futuros. Algunos ministros defendieron la necesidad de garantizar la participación plena, mientras que otros advirtieron sobre los riesgos de frenar leyes que también podrían generar beneficios inmediatos.
Contexto y alcances
La discusión no solo es jurídica: plantea el reto de construir políticas públicas con la voz de las personas con discapacidad al centro. De acuerdo con datos oficiales, en México más de 20 millones de personas viven con alguna forma de discapacidad o limitación, lo que convierte este tema en un asunto de justicia social y democracia participativa.
Con la inclusión inédita de un ministro con discapacidad y el debate profundo sobre la consulta obligatoria a este sector, la SCJN abrió un capítulo sin precedentes en la historia judicial de México.
El mensaje es claro: sin participación de las personas con discapacidad, no hay justicia plena ni leyes legítimas.
