El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), institución clave para la investigación y desarrollo tecnológico de Petróleos Mexicanos (Pemex) y encabezada por Víctor Rodríguez Padilla, adjudicó un contrato por dos años para el arrendamiento de transporte vehicular terrestre a Supervisión Técnica del Norte, S.A. de C.V., pese a que presentó la propuesta económica más alta entre las competidoras.
Según el fallo de la licitación pública LA-18-T0O-018T0O004-N-177-2025, publicado el 15 de agosto, la empresa se quedó con la partida más relevante: 250 camionetas pick-up de doble cabina. Estos vehículos serán utilizados en actividades administrativas, operativas de campo y para el traslado de personal.
Cinco compañías compitieron en el proceso: Casanova Vallejo, Integra Arrenda, Jet Van Car Rental, Jolly Haul y Supervisión Técnica del Norte. Sin embargo, esta última presentó la cifra más elevada para la partida 2, con un total de 150 millones 299 mil 25 pesos.
La diferencia respecto a la propuesta más baja fue significativa: 56 millones 121 mil 525 pesos. Esa oferta más competitiva correspondió a Integra Arrenda, con un monto de 94 millones 177 mil 500 pesos.
Pese a que Integra Arrenda cumplió con todos los requisitos solicitados, sin omisiones y con la validez y solvencia de la propuesta garantizadas, fue descalificada del procedimiento sin que se comprometiera su capacidad técnica o administrativa.
El contrato incluye tanto las 250 camionetas de doble cabina como 30 vehículos sedán. El IMP había establecido un rango de entre 95.9 millones como monto mínimo y 239.7 millones de pesos como máximo, así como la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real dentro del servicio contratado.
Con esta decisión, la dirección encabezada por Elizabeth Mar Juárez incurre en una contradicción frente a los principios que rigen el uso eficiente de los recursos públicos, cuya correcta administración es fundamental para evitar gastos innecesarios y asegurar la rentabilidad de las inversiones del Estado.
La publicación del fallo se retrasó varias veces. Inicialmente prevista para el 29 de julio, fue pospuesta primero al 1 de agosto y luego al 8 del mismo mes, hasta ser emitida el 15 de agosto. Ante el resultado, los competidores ya preparan recursos de inconformidad ante el Órgano Interno de Control, con el objetivo de revisar el proceso y buscar su modificación o anulación.
