Por disposición de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la empresa Avacor, S.A. de C.V. fue sancionada con una inhabilitación de 30 meses y una multa superior a 1.5 millones de pesos tras confirmarse su participación con irregularidades en un proceso de licitación pública. Desde 2016, la firma se dedica a la fabricación y comercialización de equipo de seguridad, táctico y militar, informó el portal Proceso.
El matrimonio conformado por Anna Viesca Sánchez y Carlos Prats García, propietarios de la compañía, quedó señalado por entregar información falsa con la intención de competir en la Licitación Pública Nacional LA-27-703-027703982-N-15-2024 para la “Adquisición Consolidada de Vestuario, Uniformes, Calzado y Equipo de Protección para el Ejercicio Fiscal 2024”, detalla el mismo medio.
Las instituciones del ámbito federal, junto con los gobiernos estatales y municipales, fueron notificadas el pasado 16 de julio, a través del Diario Oficial de la Federación, sobre la restricción que pesa contra la empresa, cuyos propietarios mantienen amistad con el senador morenista Adán Augusto López, según expone el periodista Arturo Rodríguez.
Dentro del expediente SAN/017/2024, resuelto el 8 de julio, se documentó que Avacor violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al presentar documentación alterada, como lo confirman las investigaciones oficiales consultadas por el medio.
En la resolución, la autoridad anticorrupción dejó asentado que “La empresa Avacor SA de CV, al participar en la licitación (…) proporcionó informes de resultados que fueron desconocidos por los laboratorios que presuntamente los emitieron”.
Los vínculos familiares de Carlos Prats García con Carlos Prats Pérez, exsecretario de Educación de Tabasco durante el gobierno de Manuel Gurría Ordóñez, evidencian la cercanía de esta empresa con el ahora senador Adán Augusto López, de acuerdo con la información publicada.
Durante la gestión de Adán Augusto López Hernández al frente de la Secretaría de Gobernación y bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la firma logró concentrar contratos de suministro de uniformes, escudos y equipo destinado tanto a la Guardia Nacional como al Ejército.
En años recientes, 2021 en particular, la Auditoría Superior de la Federación señaló a la empresa por vender colchones a la Secretaría de la Defensa Nacional con un sobreprecio del 30 por ciento.
Además, auditorías previas revelaron otras anomalías como los retrasos en la entrega de 71 mil fornituras, con un costo superior a los 197 millones de pesos, así como fallas adicionales que también fueron señaladas.
