La reciente imposición de un arancel del 17.5% al jitomate mexicano por parte de Estados Unidos encendió las alarmas en el sector agrícola nacional. Esta medida, adoptada tras la expiración de un acuerdo de suspensión entre exportadores y autoridades comerciales estadounidenses, podría tener un impacto económico severo para miles de productores, sobre todo en estados como Sinaloa, Baja California, Sonora y San Luis Potosí, principales exportadores del fruto.
México es el mayor proveedor de jitomate fresco a Estados Unidos, con exportaciones que superan los 2,000 millones de dólares anuales. Tan solo en 2024, se estima que uno de cada dos jitomates consumidos en ese país tuvo origen mexicano. El nuevo arancel no solo encarecerá el producto para los consumidores norteamericanos, sino que pone en riesgo la competitividad de los productores mexicanos frente a países como Canadá o naciones sudamericanas.
La Secretaría de Economía ha advertido que esta medida podría afectar más de 400 mil empleos directos e indirectos ligados a la cadena productiva del jitomate. Además, los pequeños y medianos productores son los más vulnerables, ya que muchas veces no cuentan con capacidad para absorber un incremento de costos o redirigir sus ventas a otros mercados.
En Ciudad de México, se prevé que los efectos también se sientan en los precios al consumidor, especialmente en cadenas de distribución que dependen del jitomate de exportación para abastecer tanto el mercado interno como externo. A ello se suma la posibilidad de represalias comerciales o nuevas tensiones diplomáticas entre ambos países.
Organizaciones del sector agrícola han hecho un llamado urgente al gobierno mexicano para reactivar las negociaciones con Estados Unidos, evitar litigios prolongados y proteger una industria vital para la economía agroalimentaria nacional. Mientras tanto, el campo mexicano enfrenta un nuevo reto en su ya compleja relación comercial con su principal socio.
