El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha otorgado una prórroga de 45 días para aplicar sanciones financieras contra CIBanco, Intercam Banco y la casa de bolsa Vector, tras acusarlos de lavar dinero para los cárteles del narcotráfico. Ahora, las restricciones —que originalmente entrarían en vigor a finales de julio— se posponen hasta el 4 de septiembre. 
Estas medidas inauditas fueron impuestas el 25 de junio bajo la Ley Fend Off Fentanyl, acusando a las instituciones de facilitar transacciones vinculadas con precursores químicos provenientes de China utilizados en la producción de fentanilo. El gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum, respondió interviniendo temporalmente las entidades y transfiriendo sus fideicomisos a Nacional Financiera (Nafin) como medida de protección. 
Además, se reporta una fuga de clientes y cancelación de servicios por parte de empresas como Visa, Citigroup y Bank of New York Mellon, generando una crisis de confianza que ya ha encendido las alarmas en el sector. 
A pesar del esfuerzo coordinado entre México y EE. UU. para frenar los recursos ilícitos, expertas advierten que la incertidumbre persiste. La reducción de calificaciones por agencias como Fitch y S&P, junto con la posible restructuración del mercado de fideicomisos, podría incubar un descalabro financiero si persiste la presión.
¿Por qué esta demora suena como un “indulto”?
Llamada así por analistas, la prórroga ha sido interpretada como un alivio temporal al sector financiero mexicano, que enfrenta acusaciones críticas sin evidencia pública clara. Aunque la acción podría interpretarse como un gesto de confianza, también refleja la fragilidad del sistema ante acusaciones sin pruebas contundentes. 
En el centro de la tormenta financiera, México enfrenta la urgencia de no sólo actuar con transparencia, sino también demostrar resultados.
