Tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y nexos con el crimen organizado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que, hasta ahora, no ha recibido pruebas que respalden dichas acusaciones.
En un comunicado oficial, la dependencia señaló que existe una colaboración continua con las autoridades financieras estadounidenses, basada en principios de respeto, cooperación y responsabilidad compartida.
En este contexto, el Departamento del Tesoro informó tanto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como a la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales sobre posibles irregularidades detectadas en las operaciones de las tres entidades mexicanas.
Ante la notificación, la SHCP solicitó al gobierno de Estados Unidos pruebas verificables de los supuestos vínculos con actividades ilícitas.
De acuerdo con la dependencia mexicana, no se recibió evidencia concreta que confirmara los señalamientos.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, informó.
La única información entregada por el Departamento del Tesoro se refiere a transferencias electrónicas hechas a empresas chinas legalmente constituidas.
Según la UIF, estas operaciones no son inusuales y se realizan por miles a través de diversas entidades del sistema financiero mexicano, en el contexto de un comercio bilateral que supera los 139 mil millones de dólares anuales.
En sus análisis, la UIF detectó que más de 300 empresas mexicanas han realizado transacciones con dichas compañías chinas utilizando al menos diez instituciones financieras distintas. No obstante, Hacienda aclaró que esas operaciones no constituyen, por sí solas, evidencia de actividades ilegales.
De forma paralela, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició un proceso de revisión interna sobre las instituciones señaladas, conforme a la normativa financiera nacional.
El resultado derivó en sanciones por diversas irregularidades administrativas, con multas y acciones correctivas que suman un total de 134 millones de pesos.
Hacienda subrayó que cualquier anomalía detectada será atendida conforme al marco legal. La dependencia reiteró su postura institucional de no encubrir a ninguna persona o entidad, en apego a la instrucción de la presidenta de la República.
“La instrucción es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho”, sostuvo.
Debido a todo lo anterior, la SHCP reafirmó su compromiso con la regulación del sistema financiero nacional, la transparencia y el combate a delitos como el lavado de dinero, siempre con base en pruebas verificables y dentro del marco de la ley.
