La presidenta Claudia Sheinbaum prepara una reforma electoral que promete reducir costos, simplificar estructuras y reforzar la representación popular. El anuncio, parte de su agenda de cambios constitucionales, ha encendido el debate nacional por su posible impacto en la autonomía de las instituciones electorales.
La propuesta, aún sin dictamen final, contempla la reducción de legisladores plurinominales, la elección directa de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como un ajuste presupuestal al sistema de partidos y órganos electorales.
Sheinbaum ha argumentado que esta iniciativa busca fortalecer la democracia participativa, acabar con los privilegios y abaratar el costo de la política. “No se trata de debilitar instituciones, sino de consolidar un sistema más transparente, representativo y austero”, declaró en conferencia reciente.
Entre las ventajas que se le atribuyen están la mayor cercanía del electorado con las decisiones clave, la posible legitimidad democrática de los árbitros electorales y un ahorro económico considerable en un sistema con altos costos operativos.
No obstante, organismos de la sociedad civil, analistas y exconsejeros electorales han externado preocupación. Señalan riesgos como la politización del INE, la erosión de la imparcialidad electoral y la posibilidad de mayor concentración del poder en el partido gobernante. También alertan sobre una sobrerrepresentación legislativa, que podría debilitar los contrapesos.
Especialistas recomiendan que, de avanzar, la reforma debe incluir consultas amplias, foros técnicos y consensos entre fuerzas políticas para asegurar su legitimidad.
El proyecto podría llegar al Congreso en septiembre. Su desenlace marcará uno de los primeros grandes retos de gobernabilidad para Sheinbaum y su relación con la oposición y la sociedad civil.
