El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) reafirmó hoy su denuncia penal presentada inicialmente el 18 de agosto de 2020 contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, acusándolo de conductas ilícitas relacionadas con la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en octubre de 2009.
Cabe señalar que la denuncia, que originalmente fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), no solo involucra a Calderón, sino que también señala a varios miembros de su gabinete y a magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con el SME, la disolución de LyFC, que resultó en la pérdida de empleo de más de 44,000 trabajadores electricistas, dicha acción se llevó a cabo de manera irregular mediante lo que describen como un “asalto armado y militar”.
Asimismo, los denunciantes citaron el libro “Decisiones difíciles”, publicado en 2020, en el cual Calderón discute detalles sobre la extinción de LyFC. Según el SME, el capítulo 8 del libro podría contener confesiones de actos que podrían constituir delitos, como abuso de poder, malversación de fondos públicos y actos de corrupción relacionados con el decreto.
Además, el sindicato argumenta que esta acción resultó en daños sustanciales para la industria eléctrica nacional, mencionando cambios en la infraestructura eléctrica, la sustitución de cobre por aluminio, y el presunto saqueo de activos patrimoniales de LyFC por parte de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.
En un comunicado firmado por José Humberto Montes de Oca Luna, Secretario del Exterior del SME, se afirma: “Entre otras cosas podemos mencionar el daño patrimonial del cambio de la red de cobre por aluminio, el saqueo de los bienes patrimoniales de LyFC a manos de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y la precarización de las condiciones de trabajo en el sector eléctrico nacional”.
El sindicato también resalta la importancia de esta denuncia, indicando que más allá de buscar justicia para los trabajadores afectados, representa una oportunidad para rendir cuentas a gobiernos neoliberales, alegando saqueos al país a lo largo de décadas que han quedado impunes.
En última instancia, el SME hace un llamado a que se haga justicia por los posibles delitos cometidos en el proceso de extinción de LyFC y espera que este acto establezca un precedente para la rendición de cuentas en relación con acciones gubernamentales en el futuro.
