En el Instituto de Planeación de la CDMX no quieren una nueva consulta al Plan General de Desarrollo (PGD) y al Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).
Así lo hizo saber ayer a legisladores locales el director Ejecutivo de Planeación del Desarrollo de ese Instituto, Patricio Carlos Carezzana Barreto.
“Preguntarse por otra consulta creemos que ahora no es el momento”, dijo ante diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que integran las comisiones de Planeación y Puntos Constitucionales.
En esa reunión de trabajo no hubo ni un solo legislador de Morena o aliado de la 4T.
14 MIL PARTICIPACIONES
Carezzana explicó que la intención del Instituto es darle valor al proceso de consulta que inició el 8 de julio de 2022 y terminó el 8 de enero de este año.
A decir del funcionario, las propuestas surgidas de esa consulta de seis meses “son el tesoro que hay que cuidar”, aunque represente solo 14 mil 529 participaciones de vecinos, asociaciones e instituciones.
Los diputados Gabriela Salido (PAN) y Royfid Torres (MC) advirtieron que fueron muy pocas participaciones, pues representan apenas el 0.01 por ciento del total de habitantes de la Ciudad.
Salido fue más directa, al cuestionar a Carezzana que si la iniciativa para ampliar el plazo de entrada en vigor del PGD y el PGOTA no es una simulación.
Él no respondió a dicho planteamiento.
Pero el director de Planeación del Desarrollo les respondió a los diputados que en el Instituto están muy contentos con ese resultado que calificó como un tesoro.
“Dentro del Instituto estamos muy contentos. Nunca habrá un número suficiente como para decir que se ha cumplido una meta, porque somos una ciudad de 9 millones”, les expuso.
Luego, insistió en su rechazo a ampliar la consulta pública o realizar una nueva.
“Sí estamos convencidos que tendría que haber buenos argumentos para realizar otra consulta.
“Implicaría un documento con dos procesos de consulta y esos dos procesos llevarían anular al que ya se hizo. Ya hubo mucha participación aunque a algunos les parece poca”, agregó.
REFORMA CONSTITUCIONAL
Bajo esa lógica, Carezzana dejó ver que para el Instituto la iniciativa de reforma constitucional enviada por Claudia Sheinbaum para ampliar el plazo de entrada en vigor del PGD y del PGOT no tiene el objetivo de hacer más consultas.
“La iniciativa tiene que ver con la extensión de un plazo para que el Instituto pueda desarrollar el proceso de sistematización e integración de esas opiniones (las 14 mil 529).
“Ese es el motivo desde el cual institucionalmente vemos la iniciativa”, argumentó.
En la iniciativa de la jefa de gobierno, el nuevo plazo para la entrada en vigor del PGD y el PGOT será el 1 de octubre de este año.
NÚMEROS
Durante la reunión, Carezzana dio cuenta de otros datos que arrojó la consulta pública de seis meses.
Se realizaron mil 82 reuniones vecinales, cada una con lista de asistencia y relatoría.
Hubo ocho foros con universidades, entre las que estuvieron el Instituto Mora, la UNAM, el IPN y la UAM.
También se organizaron 43 mesas con dependencias de gobierno.
Un 58.6 por ciento de las participaciones opinaron sobre los dos documentos, es decir, el PGD y el PGOT.
En el caso de la consulta a pueblos, barrios y comunidades indígenas participaron 69 pueblos originarios, de firmaron ocho actas y se realizaron 26 asambleas con pueblos.
¿Y EL SUELO RURAL?
Un tema que generó incertidumbre entre legisladores y el funcionario del Instituto de Planeación tiene que ver con la propuesta de reforma que envió Sheinbaum al Congreso para eliminar de la Constitución el concepto de suelo rural.
Tanto Royfid Torres como Federico Döring (PAN) le externaron al Carezzana esa preocupación.
El diputado Torres explicó que eliminar el suelo rural implicará un cambio sustancial a los proyectos del PGD y sobre todo del PGOT.
“Entonces no podemos ir a consulta con un documento que no está actualizado.
“Ese simple cambio modifica la mitad del territorio de la Ciudad”, explicó.
Döring fue aún más enfático, pues advirtió que el Congreso debe eliminar en este periodo de sesiones el concepto de suelo rural.
Sin embargo, ello implicaría violar el artículo 69 de la propia Constitución local, el cual establece que una reforma constitucional no se puede aprobar en el mismo periodo en el que se presentó la iniciativa.
El panista dijo que de esperarse al siguiente periodo de sesiones que inicia en septiembre sería inviable cambiar la fecha para la entrada en vigor del PGD y el PGOT.
También le advirtió a Carezzana que Sheinbaum tendría hasta el último día de marzo para enviar al Congreso los proyectos acabados de ambos documentos.
Solo así se cumplirían los otros seis meses que por ley tiene el Congreso para hacer sus consultas y deliberaciones, y entonces estar en condiciones para aprobar el cambio de entrada en vigor previsto para el 1 de octubre.
Dijo que no cumplir ese plazo sería un agravio fuertísimo para el Congreso.
LA SISTEMATIZACIÓN
El funcionario de que en este momento el Instituto se encuentra en la etapa de sistematización de las más de 14 mil participaciones.
Se sistematizan un promedio de 300 al día y por ello estimó que ese proceso terminará a finales de febrero, para integrarlos a los proyectos del Plan y del Programa.
En marzo esos proyectos pasarán por el aval de los órganos internos del Instituto, como el directorio técnico y la junta de gobierno.
Consideró que a finales de marzo ambos documentos estarán listos para su remisión al Congreso.
Sobre el suelo rural Carezzana dijo que mientras no se elimine el término de la Constitución, el PGD y el PGOT contendrán dicho concepto.
Consideró por ello que debe haber esfuerzos institucionales para eliminar el concepto de suelo rural antes de cambiar la fecha de entrada en vigor de ambos documentos.
También dijo que tanto el PGD y PGOT se tratan en simultaneo porque su fecha de aprobación es la misma.
