Habitantes de San Gregorio Atlapulco sostuvieron una reunión hoy con el secretario de Gobierno de la Ciudad, Martí Batres.
Le exigieron que la administración central garantice el derecho de los pobladores sobre el panteón comunitario.
También le pidieron que el gobierno de Claudia Sheinbaum detenga la persecución, amenazas y hostigamiento de los que son víctimas por parte del alcalde en Xochimilco José Carlos Acosta.
Dijeron que en esa campaña contra los pobladores participa también el director de Jurídico y Gobierno de la demarcación, Francisco Pastrana Basurto.
AMENAZA DE MUERTE
Antes de ingresar a la reunión con Batres, vecinas de San Gregorio ofrecieron una conferencia de prensa.
Ahí, Patricia González Guzmán, presidenta del Comité Pro Panteón de San Gregorio Atlapulco, acusó que el fin de semana fue amenazada de muerte por dos operadoras del alcalde Acosta.
Además de las amenazas, la mujer fue víctima de agresiones y, sin embargo, enfrentó negligencia en la Fiscalía capitalina para interponer su denuncia.
No le otorgaron medidas de protección y el MP no ha solicitado el resguardo de las cámaras de seguridad cercanas a donde ocurrieron los hechos, denunció su abogado Victor Caballero.
PERSECUCIÓN
Patricia González enfrenta dos denuncias penales, una interpuesta en julio por un particular que la acusó de autorizar exhumaciones fuera de la ley.
Esto en su calidad de presidenta del Comité del Panteón.
La otra denuncia fue interpuesta en octubre por la alcaldía Xochimilco, que la acusó por usurpación de funciones.
Patricia González argumentó que el Comité Pro Panteón actúa con base a sus usos y costumbres.
Por ello, dijo que no ha cometido ningún delito.
En días pasados, cuando vecinos de San Gregorio Atlapulco bloquearon vialidades de esa comunidad, exigieron que ambas denuncias quedaran sin efecto.
Fue una condición para levantar el bloqueo de vialidades.
En la reunión de hoy con Batres se le pidió al funcionario que aclarara si ambas carpetas fueron desechadas y si se decretó ya el no ejercicio de la acción penal.
EL PANTEÓN
Patricia González explicó en la conferencia que el problema de fondo en el panteón comunitario de San Gregorio es una intentona del alcalde para sacar provecho económico del mismo.
Dijo que José Carlos Acosta ha querido imponer por la fuerza un Comité Pro Panteón afín a sus intereses.
Además, ha realizado toda clase de maniobras, incluida la persecución penal, para evitar que el verdadero Comité pueda ejercer sus funciones.
El plan de Acosta, dijo, es convertir el cementerio en un panteón civil, lo que le permitiría comercializar las tumbas.
Recordó que en esa intentona para apropiarse del cementerio, Francisco Pastrana giró un oficio en octubre.
En ese documento el director de Jurídico y Gobierno argumentó que el panteón era parte del patrimonio inmobiliario de la Ciudad.
“Eso no es cierto. El panteón lo compró el pueblo.
“Fue adquirido en 1958 por nuestros abuelos”, dijo Patricia González.
Sin embargo, también acusó que desde la alcaldía se presiona a familiares de deudos para que adquieran servicios específicos de algunas funerarias.
Mencionó los casos de las funerarias Camacho y Lazcano, como alguna de las favorecidas por la alcaldía Xochimilco.
TRES EXIGENCIAS
La vecina Rocío Morales resumió durante la conferencia las tres exigencias para la reunión con Batres.
La primera es el respeto al trabajo de Patricia González como presidenta del Comité Pro Panteón.
Recordó que González fue electa como presidenta del esa Comité en noviembre de 2021, durante una asamblea del pueblo.
En segundo lugar, pidieron que la alcaldía Xochimilco se retracte y deje sin efecto el oficio en el cual anunció que el panteón es parte del patrimonio inmobiliario de la Ciudad.
Acusó que ese oficio viola los derechos de San Gregorio Atlapulco como pueblo originario.
En tercer término está el desistimiento de las denuncias penales contra la presidenta del Comité Pro Panteón.
Rocío Morales acusó que ella, junto con otra vecina Hortensia Telésforo, también han sido víctimas de agresiones por parte de operadores a cargo de José Carlos Acosta.
Por esas agresiones ambas iniciaron una denuncia penal que, acusaron, no ha avanzado.
“Pero le vamos a seguir dando trámite hasta su legal conclusión, porque no vamos a permitir que esto siga así”, dijo la vecina.
