Integrantes de pueblos originarios de la Ciudad se han volcado, a través de recursos jurídicos, en una lucha contra el registro de esas comunidades que pretende llevar a cabo el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Al menos representantes de 60 pueblos en 12 alcaldías interpusieron recursos ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) para anular el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios de la CDMX.
En esa lucha están habitantes en pueblos de Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Gustavo A Madero, Milpa Alta e Iztapalapa.
A los recursos ante el TECDMX se suman dos juicios de amparos indirectos promovidos por pobladores de Cuajimalpa y Contadero en esa demarcación.
Además, seis comunidades en alcaldías como Álvaro Obregón y Cuajimalpa interpusieron igual número de juicios para la tutela de derechos humanos.
¿RENUNCIA?
La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) emitió una convocatoria el pasado 30 de mayo para comenzar el proceso de registro.
Los habitantes que están en contra han señalado a lo largo de los meses que la autora intelectual del Sistema de Registro es Donaji Olivera Reyes, directora de Derechos Indígenas en la SEPI.
La mayoría de los procesos jurídicos contra el Sistema de Registro fueron impulsados por integrantes del colectivo denominado Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac.
Este miércoles algunos miembros de este Frente ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de los procesos judiciales interpuestos contra el Sistema de Registro.
Este día entre ellos circuló la versión de que Donají Olivera renunció al cargo.
La salida de la funcionaria se daría a menos de un mes que concluya el plazo para que los pueblos se registren.
Desde que el 30 de mayo se emitió la convocatoria, solo tres pueblos de más de 180 previstos han solicitado su inscripción.
RAZONES
Durante la conferencia el abogado Arturo Aparicio explicó las razones por la que pueblos y Barrios se oponen a la creación de ese Sistema.
Expuso que con ese esquema la SEPI viola tratados internacionales, así como la Constitución federal y local, las cuales garantizan la auto adscripción de los pueblos.
Pero con el Registro se crea un catálogo discriminatorio para que haya un Consejo especializado, en el cuál se decidirá quién es pueblo, quién no, y a partir de eso se les otorgarán o negarán derechos.
Expuso que ninguna autoridad puede reconocer un pueblo, ya que eso es facultad exclusiva de esas comunidades a través de la auto adscripción.
Recordó que el pasado 3 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia y en ella se estableció que es inconstitucional negarle los derechos a un pueblo originario solo porque forme parte de un registro.
La jurisprudencia precisa que la auto adscripción es parte de los derechos de los mismos pueblos y a partir de eso deben ser reconocidos.
Dijo que la SEPI utiliza términos como el de “espacio geográfico” para imponer una definición de pueblos y barrios originarios, pero ese término no está aceptado en tratados internacionales ni a nivel constitucional.
REQUISITOS
Habitantes de diferentes pueblos como Marcela Alvarado, Gerardo Olvera y Gil Reyes acusaron lo excesivo de los requisitos que se imponen a los pueblos para aceptarlos dentro del Sistema.
Así, los requisitos son prácticamente imposible de cumplir.
A los pobladores se les pide que acrediten que mantienen instituciones o representantes de carácter precolonial.
Ello, acusaron, representa una visión esencialista de los pueblos, ya que es un hecho que los pueblos no mantienen instituciones “ancestrales” o tradicionales tal y como existían hasta antes de la colonia.
“Hemos tenido que modificar nuestras instituciones, tradiciones, representantes, para hacer frente a los procesos de colonización, de homogeneización por parte del Estado.
“Somos comunidades vivas no ancladas en el tiempo. Perdimos la lengua no por decisión propia, sino porque nos obligaron a hacerlo”, explicaron.
Detallaron que la SEPI ha intentado realizar seis foros en igual numero de comunidades en alcaldías como Milpa Alta, Tlalpan y Cuajimalpa, pero los pobladores lo han impedido.
BUROCRACIA
El abogado Arturo Aparicio lamentó que a pesar del cúmulo de recursos interpuestos, el TECDMX “ha hecho todo lo posible por no pronunciarse respecto a esos casos”.
Ello propició que los propios pueblos presentaran recursos ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual debe resolver si el Tribunal capitalino es competente o no para resolver sobre el tema.
Expuso que el TECDMX sí es competente, pues la misma SEPI, al abrir el proceso de registro, atendió una sentencia en materia electoral sobre la necesidad de actualizar el padrón de pueblos respecto a Copacos.
Dijo que la si la Sala Regional no resuelve favorablemente se presentarán juicios de reconsideración ante la Sala Superior del TEPJF.
Como parte de la lucha para anular el Sistema de Registro, los integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac realizarán una marcha el próximo viernes.
La movilización participará ese 5 de agosto a las 11:00 horas del Metro San Antonio Abad hacia el Zócalo capitalino.
