La Fiscalía capitalina estima que alrededor de 30 personas integraban la red de espionaje político orquestado desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera en el sexenio anterior.
Esa célula tenía a su plena disposición la tecnología operativa de la entonces Procuraduría General de Justicia local.
Ese equipo, a su vez, reportaba sus quehaceres a un comandante de la PGJ con cargo de Director General.
El comandante luego canalizaba la información a altos funcionarios del pasado gobierno.
CATEOS Y DETENCIONES
El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, salió por segundo día consecutivo a hablar sobre esa red que habría tenido entre sus objetivos de espionaje a personajes como Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador.
Esta vez, Lara ofreció detalles sobre el modus operandi de la célula, pero antes habló de cateos y detenciones contra supuestos integrantes del grupo de espionaje.
En su mensaje por redes sociales explicó que la madrugada de este viernes, personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos dio cumplimiento a dos órdenes de cateo.
Durante la ejecución de una de ellas detuvo a Jesús Noé «N», quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de violación de la comunicación privada y peculado.
Jesús Noé «N» fue asegurado en un inmueble ubicado en la colonia San Diego Ocoyoacac, de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Posteriormente fue trasladado al Reclusorio Varonil Norte donde fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió.
Esta persona era uno de los servidores públicos que posiblemente almacenaba la información del espionaje en memorias USB.
Con ellas realizaba presentaciones, las cuales entregaba a las personas que las analizaban para el visto bueno correspondiente.
Luego, esas personas entregaban las presentaciones a los destinatarios finales.
Toda esta actividad ilícita presumiblemente la realizaban en el inmueble ubicado en la calle de Manuel Márquez Sterling, en el Centro de la Ciudad.
SEGUNDO CATEO
Un segundo cateo fue ejecutado en un inmueble de la colonia Providencia, de la alcaldía Gustavo A. Madero.
Durante la revisión del inmueble se recabaron indicios consistentes en medios electrónicos, como dos computadoras y cuatro memorias USB.
Ayer, Lara informó ayer que el MP formuló imputación contra José Roberto “N”, por su probable participación en los delitos de ejercicio abusivo de funciones, así como violación a la comunicación privada.
José Roberto «N» tuvo funciones de mando en la Policía Cibernética de la entonces Procuraduría capitalina.
Posiblemente operaba el vehículo utilizado para dichos delito.
CINCO AÑOS DE ESPIONAJE
La operación de espionaje fue posiblemente orquestada entre 2013 y 2018 desde el Gobierno Central.
Desde ahí se giraban instrucciones a la entonces Procuraduría General de Justicia para que ésta, con el uso de personal de ambas instituciones, se espiara a diversos objetivos.
“Se cuenta con sólidos indicios para conocer que los posibles operadores intelectuales de este esquema contaban con un alto nivel jerárquico en la anterior administración capitalina”, aseguró Lara.
Esos funcionarios posiblemente solicitaban a un alto comandante, con nivel de Dirección General en la PGJ, que organizara y dirigiera un grupo especializado en espionaje.
PURO RECURSO PÚBLICO
Mediante este nexo, posiblemente se realizaba una transferencia de recursos en efectivo de la hacienda pública local para sostener financieramente a la célula.
De esta forma, se organizó el equipo de aproximadamente 30 personas, que tenían a su plena disposición la tecnología operativa de la Procuraduría local.
Su tarea esa realizar tanto actividades de análisis y procesamiento de datos como las tareas de seguimiento de campo.
La célula intervenía ilegalmente comunicaciones privadas de personas del ámbito político.
Así como de sus familiares más cercanos; elaborar fichas de identidad; diseñar rutas y mapas de seguimiento; redes de vínculo, geolocalización y rutinas.
Sus labores incluían planes para ejecutar proyectos con fines político-electorales.
18 AÑOS DE CÁRCEL
Ulises Lara dijo que al avanzar la investigación sobre la red de espionaje podrá ponerse al descubierto también la red de intereses.
Así como a los principales personajes que orquestaron, dirigieron y se beneficiaron de esta operación que hizo un uso desmedido de recursos públicos.
Agregó que los delitos cometidos pueden alcanzar 18 años de prisión.
Habló de subsecuentes aprehensiones de otras personas posiblemente ligadas a estos hechos, con base en las declaraciones de los ya detenidos.
