Proponen reformas sobre prisión preventiva oficiosa, a fin de detener la criminalización de la pobreza.
La senadora Patricia Mercado, propuso una iniciativa, impulsada por la organización OCUPA, que reforma el artículo 19 constitucional.
Para retirar el robo de casa habitación y el robo al transporte de carga del catálogo de las conductas que ameritan la prisión preventiva oficiosa.
Datos del Inegi, indican que ocho de cada 10 personas en reclusión laboraban en empleos de bajos ingresos, y no pueden pagar un abogado.
Por ello, reciben una defensoría de oficio muy débil, cada defensor atiende por lo menos 163 casos al año y terminan por declararlos culpables.
Proponen reformas sobre prisión preventiva oficiosa
Además, muchos de ellos tienen dependientes económicos, por lo que al entrar a prisión, aumenta todavía más la pobreza familiar.
“Lo que proponemos es que en lugar de prisión preventiva oficiosa el juez recurra a alguna de las 14 medidas cautelares previstas por la ley.
«Como presentación periódica, retiro de pasaporte, resguardo domiciliario o localizador electrónico, entre otras”.
La iniciativa tiene cuatro objetivos:
- No criminalizar la pobreza.
- Despresurizar las cárceles.
- Privilegiar medidas cautelares distintas a la prisión.
- Que sean los jueces quienes determinen excepcionalmente la prisión preventiva justificada.
La activista Paola Zavala, dijo que a estas personas se les priva de tener acceso a los procesos de justicia restaurativa.
Por el contrario, tienen como consecuencia el empobrecimiento de su familia y la estigmatización.
“Puede sonar muy fuerte decir que no queremos prisión preventiva para las personas que cometen robo en este país.
«Queremos dejar claro por qué: no reparan el daño y porque no se previene el delito, pero sobre todo porque hay otras medidas cautelares».
Abundó que el costo de tener a una persona en prisión es de 60 mil 765 pesos mensuales.
Mientras que el brazalete tiene un costo de 9 mil 908 pesos, monto que las personas en situación de pobreza no pueden pagar.
