Ciudad de México.- El partido Morena se sumó a las bancadas que en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) han presentado por separado una iniciativa de ley en materia electoral, a pesar de existir un acuerdo de las distintas fuerzas políticas (menos el PAN) para impulsar una propuesta de consenso.
En la iniciativa de Morena destaca un planteamiento contrario al establecido en la Constitución de la Ciudad de México, pero que va acorde a la impugnación que dirigentes de ese partido promovieron en marzo pasado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la integración del futuro Congreso local.
Así, los legisladores de Morena proponen dentro del artículo 11 de su documento que, por tratarse de un mandato establecido en la Carta Magna federal, se deben mantener los actuales porcentajes en la integración del futuro Congreso capitalino, es decir, 60 por ciento de legisladores que lleguen por el voto directo de los ciudadanos y 40 por ciento por la vía plurinominal.
Además, plantean que del total de fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa que postulen los partidos políticos ante el Instituto Electoral, en ningún caso podrán registrar más de 50% de un mismo género.
La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 29 establece que el Congreso de la Ciudad –el cual sustituirá a la actual ALDF–, deberá conformarse por 66 legisladores, de los cuales 33 o 50 por ciento de los mismos deben elegirse por el voto directo de los ciudadanos, mientras que los otros 33 o el restante 50 por ciento serán diputados plurinominales.
En marzo pasado, dirigentes y ex diputados constituyentes de Morena presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de ese artículo 29, bajo el argumento de que permitir la llegada de 50 por ciento de diputados plurinominales generará una sobrerrepresentación de partidos que no contaron con el voto mayoritario de los capitalinos.
Además de Morena, legisladores del PRD y el PAN han presentado sus propias iniciativas. El PRI y el PVEM habían inscrito su propuesta para subirla hoy al Pleno, pero al final la retiraron por falta de consenso sobre su contenido.
Planillas cerradas
Contrario a la iniciativa que supuestamente contaba con el consenso de las distintas bancadas, los legisladores de Morena apuestan a que la elección de alcaldes y concejales se realice por planillas cerradas, con lo que se aseguraría que el partido político ganador de la alcaldía también tenga el control del Concejo.
Así, en el artículo 22 Morena señala que las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con la persona candidata a alcalde o alcaldesa que será elegida por el principio de mayoría relativa y después con las y los concejales y sus respectivos suplentes, donde cada uno representará una circunscripción dentro de la demarcación territorial.
Bajo esta fórmula se evita que los candidatos a alcaldes se elijan por separado a los candidatos a concejales. Con este mecanismo, el partido que gane la alcaldía tendrá a un 60% de los integrantes del futuro Concejo. El 40 por ciento restante se repartirá entre los partidos políticos perdedores y abanderados sin partido.
Además, Morena propone que las fórmulas estarán integradas por personas del mismo género, de manera alternada y deberán incluir personas jóvenes con edad entre los 18 y 29 años de edad, y en ningún caso, el número de las y los concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince, ni se otorgará registro a una planilla en la que algún ciudadano aspire a ocupar dos cargos de elección popular dentro de la misma planilla.
Sanción sin derecho a fianza y pérdida de registro
Este martes, en la tribuna del órgano legislativo, la diputada morenistas Citlalli Hernández Mora presentó la iniciativa de su bancada que, entre otros temas, considera la imposición de sanciones penales sin derecho a fianza a quienes se les compruebe la compra de votos, así como la cancelación del registro al partido político al que pertenezca el infractor de la norma. También se establece la destitución e inhabilitación de servidores públicos que intervengan en procesos para coaccionar el voto.
Otra de las propuestas es disminuir en un 50 por ciento el techo presupuestal de gastos de campaña; se da carácter vinculatorio a los resultados de los ejercicios de democracia participativa y se prevé como requisito de procedencia de la revocación de mandato el incumplimiento injustificado de los compromisos de campaña.
Se plantea la prohibición de ocupar el inmobiliario urbano para ubicar propaganda electoral, en consonancia con la respectiva Ley Federal y se incluyen los derechos de los menores de 18 años como observadores electorales
Para ampliar los derechos de participación ciudadana, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las alcaldías, antes de adoptar medidas administrativas o legislativas que pudieran afectarlos. Esas consultas deberán ser de buena fe y cumplir con los estándares internacionales para obtener su consentimiento libre, previo e informado, por lo que cualquier medida administrativa o legislativa que contravenga este artículo será nula.
Dentro del artículo 13 se establece que en la Ciudad de México se promoverá que los partidos políticos incluyan entre sus candidatos al menos a una persona joven, a una con discapacidad y a una persona pertenecientes a pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México.
Así, se señala que en el caso candidatura de pueblos y barrios originarios, la candidata o candidato deberá acreditar ser hijo de madre o padre originario, y haber nacido en el pueblo o barrio que representa. En el caso de la denominación de la candidatura de representación de comunidad indígena residente, la candidata o candidato deberá acreditar su identidad étnica por auto adscripción y una carta de reconocimiento del pueblo o comunidad de origen.
La Iniciativa propone vigilar las prerrogativas que se entreguen a los partidos políticos, así como las asignadas a los candidatos de los partidos y a los independientes.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos para el referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, consagrados como figuras de democracia directa en la Constitución de la Ciudad. Asimismo, será el responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
