Ciudad de México.- El tiempo encima suena a frase gastada, pero en la Asamblea Constituyente comienzan a darse cuenta que más allá del eufemismo, las horas y los días se acaban pero los pendientes se agolpan.
Ya en la Comisión de Ciudadanía, el presidente de ese grupo de trabajo, Raúl Bautista, señalaba que de los 13 artículos por dictaminar solo llevan cuatro, por lo que pidió a sus pares considerar la conveniencia de trabajar los fines de semana y durante el festivo del 21 de noviembre, para cumplir con el plazo fijado en el propio reglamento de la Asamblea, del 30 de noviembre, a fin de tener listo el dictamen y entregarlo a la Mesa Directiva.
En la Comisión de Poder Judicial recibieron la noticia de parte de la Mesa Directiva que, además de los 18 artículos por dictaminar, tendrán a su cargo el análisis y votación de otros seis artículos transitorios, aunque a pesar de la carga de trabajo adicional, el presidente de ese grupo de trabajo, Manuel Díaz Infante, confiaba en que antes del plazo previsto habrá dictamen.
La Comisión de Desarrollo Sostenible lleva más de una semana en la discusión de un amplísimo artículo 21 que toca aspectos tan diversos como la infraestructura de servicios de esta ciudad, el desarrollo rural y los usos de suelo. Por delante, esa comisión tiene pendiente por discutir otros cinco artículos igual de complejos y extensos, como la coordinación metropolitana, el patrimonio de la ciudad, el espacio público y la accesibilidad.
Otra comisión en la que se han entrampado es en la de Pueblos y Barrios Originarios, donde todo parece indicar que al 30 de noviembre no tendrán listo el dictamen para entregarlo a la Mesa Directiva. Ahí, el problema es que deben primero realizar una consulta a 126 pueblos y 57 barrios de esta Ciudad sobre los tres artículos que les toca votar, y ya con el texto consultado generar el documento que deberán presentar al Pleno. La consulta es obligada pues México firmó tratados internacionales con la ONU y la OIT, que imponen ese tipo de ejercicios de vinculación.
Hoy, en esa comisión se presentaron propuestas sobre el método más adecuado para realizar dicha consulta, pero durante la tarde, en ese grupo de trabajo surgió el debate, pues la Comisión de Pueblos del Gobierno de la Ciudad planteó que sea el Instituto Electoral local el que organice la consulta, pero los de Morena no quieren que se involucre a esa institución. Durante una sesión más no hubo definición sobre el tema.
La Comisión Carta de Derechos debe analizar y dictaminar 12 extensos y polémicos artículos del proyecto de Constitución que remitió el Jefe de Gobierno, relacionados con temas como aborto, matrimonios igualitarios o marihuana. Además, deben sistematizar 244 iniciativas presentadas por diputados constituyentes de todos los partidos, lo que representa casi la mitad de las iniciativas hechas por legisladores; eso sin contar las propuestas ciudadanas que son competencia de ese grupo de trabajo. Tan sólo los ciudadanos hicieron 970 propuestas y dos terceras parte de ellas tienen que ver con la ampliación o regresión de derechos.
En la Comisión de Principios Generales por fin pasaron del artículo primero. Van ya en el segundo de los siete artículos que les tocan analizar.
De los optimistas, el más relajado era el perredista Armando Ríos Piter, presidente de la Comisión de Buen Gobierno, quien aseguraba que en ese grupo ya discutieron los siete artículos que son de su competencia, por lo que el viernes habría ya un predictamen a publicar en la Gaceta Parlamentaria, con todo y que deben revisar 60 propuestas ciudadanas que les fueron remitidas.
Democracia directa
En la Comisión de Ciudadanía, los legisladores llevan tres sesiones con la discusión de los artículos 29 y 30, que hacen referencia a figuras como la iniciativa ciudadana, el voto a los 16 años, el referéndum, el plebiscito y la consulta ciudadana. Les falta lo relacionado con la revocación del mandato, donde también se esperan debates prolongados.
En ese grupo legislativo las discusiones han sido tan intensas que los diputados toman horas para llegar a acuerdos mayoritarios sobre la mejor redacción de conceptos.
Hoy, lograron coincidir -con excepción de Morena-, que respaldarán el proyecto de iniciativa remitido por el Jefe de Gobierno sobre los candados para realizar un referéndum.
La propuesta del mandatario señala que las decisiones legislativas que tengan por objeto la ampliación de derechos, así como lo relativo a las materias penal y tributaria no serán remitidas a referéndum, sin embargo, Morena plantea que todos los temas públicos sean sometidos a esa figura de democracia directa, incluso los electorales y penales.
El PRD logró sumar al PAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano y a los designados del Jefe de Gobierno para rechazar el planteamiento de Morena. Armando Rios Piter decía que de llevarse a referéndum temas como lo penal y lo fiscal, eso representaría que el Estado renuncie a sus facultades de gobierno; Alejandro Chanona, del Movimiento Ciudadano, consideraba que si hay una debilidad gubernamental para hacer la tarea recaudatoria, y eso ha derivado en la evasión fiscal beneficiando a grandes empresarios o a políticos, ello no justifica que el tema se someta a referéndum.
Y es que Jaime Cárdenas, de Morena, alegaba que los pobres y la clase media son los que más están obligados a pagar impuestos, además de que son los pobres quienes hoy están en prisión, mientras que los ricos gozan de impunidad y privilegios. Lamentó que se ponga en tela de juicio la efectividad de una democracia directa que ni siquiera ha nacido, frente a una democracia representativa que ya es adulta y goza de salud.
Mayela Delgadillo, también de Morena, acompañó el argumento. Expuso que el referéndum tiene mucho mayor alcance y vinculación en beneficio para los vecinos que otras figuras como el plebiscito. Dijo que las autoridades se escudan al alegar que alguna acción de alto impacto social tiene un objetivo fiscalizador y con ello se evaden someterlo a un proceso de auscultación vecinal, y se refirió a la construcción de una torre que impacta la zona del Bosque de Chapultepec, autorizada por el gobierno local a través de un Permiso Administrativo Temporal Revocable. El gobierno de la Ciudad evadió someterlo a consulta bajo el argumento que el interés en el proyecto es recaudatorio.
En un tema que los constituyentes de todos los partidos sí comenzaron a mostrar coincidencias fue en el del plebiscito. Ahí, los de Morena, los del PAN y del PRD manifestaron su acuerdo para que el número de firmas necesarias para solicitar la aplicación de esa figura sea de 0.25 por ciento del padrón electoral local, no de 0.40 por ciento como lo plantea la iniciativa del Jefe de Gobierno.
También coincidieron en que una alcaldía pueda solicitar un plebiscito para temas relacionados con su demarcación y que hasta seis alcaldes pidan la aplicación de ese mecanismo de consulta para asuntos relacionados con la Ciudad.
Instituto de Transparencia
La Comisión de Poder Judicial de la Asamblea Constituyente logró la aprobación del primer artículo que incorporarán al dictamen, el cual tiene que ver con la conceptualización del organismo de Transparencia de la Ciudad.
En el artículo 51 de este borrador, se estableció que el futuro Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, será un órgano constitucional autónomo integrado por cinco comisionados. Aquí el artículo acordado por los legisladores difiere de la iniciativa del Jefe de Gobierno, que planteaba la integración del Instituto con siete comisionados.
A propuesta del legislador del PRD, Julio César Moreno, se incluyó en la redacción que para ser comisionado del Instituto de Transparencia, los aspirantes no deberán militar ni pertenecer a algún partido político ni haber sido candidatos a ocupar un cargo público y/o de elección popular por lo menos cuatro años antes al día de su designación.
Los diputados constituyentes se apegaron a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo sexto, en lo que tiene que ver con la definición de los sujetos obligados en materia de transparencia.
Asi, quedó definido que el Instituto será la instancia responsable de conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones tomadas por los sujetos obligados a la transparencia, esto es, el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la Ciudad. Las resoluciones que tome el órgano garante serán definitivas e inatacables los sujetos obligados.
Como parte de lo aprobado, se acordó que toda autoridad y persona servidora pública estará obligada a coadyuvar con el órgano garante para el buen desempeño de sus funciones. También se determinó que cuando una mayoría de las personas comisionadas lo apruebe, el organismo garante podrá interponer acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones normativas que vulneren el derecho de acceso a la información en la Ciudad de México.
El Instituto podrá emitir recomendaciones y proponer reglas modelo a los diversos órganos del poder público en materia de tecnologías de gobierno y de sus posibles afectaciones a la privacidad de los particulares.
