Los transportistas sufren las consecuencias del violento juego de los cárteles por liderar las plazas de siete municipios.
Las cabezas se giraron una vez más hacia la situación del estado de Guerrero al darse a conocer el caso del Secretario General de la Unión de Transportistas y Organizaciones de Guerrero, Francisco García Marroquín.
Su reciente asesinato en Chilpancingo a manos de dos sujetos, aún sin identificar, detonó la acción de periodistas y autoridades para indagar el caso.
Fue así que el corresponsal Javier Trujillo chocó con un cruento hallazgo: en los últimos cuatro meses, 24 choferes han sido asesinados dentro de dicho estado.
Entre Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, las autoridades han ignorados los sucesos, permaneciendo impunes el 100 por ciento de los crímenes.
Un asunto más del narcotráfico
El líder de la organización civil Un Nuevo Horizonte para Guerrero, Rogelio Hernández Cruz, aseguró para Milenio que los transportistas son “un sector muy codiciado por la delincuencia organizada”.
Ya que, además de ser víctimas de secuestro y cobro de cuotas al igual que gran parte de los comerciantes de Guerrero, ellos también se ven forzados a participar en las movilizaciones en contra de autoridades federales y estatales.
Días antes del asesinato de Marroquín, Marco Antonio Medina fue acribillado en Coyuca de Benítez.
La información ministerial ha señalado que los choferes se convierten en víctimas de los grupos delictivos cuando se resisten a participar en sus movilizaciones.
Transportistas: víctimas de las disputas por las plazas
Las autoridades sospechan la existencia de una disputa entre dos grupos en Chilpancingo.
Mientras que, en Acapulco, se cree que en esta riña por la plaza participan al menos cinco células criminales.
“Se habla del cartel de Sinaloa, se habla del cartel Jalisco, que no ha sido corroborada su presencia.
“Sin embargo, sí existen facciones confirmadas que operan en Acapulco, del Cartel de la Sierra, el cartel de Los Tlacos, pequeñas células de Los Ardillos que han querido incursionar en la zona”, dijo el vicefiscal de investigación, Ramón Celaya Gamboa.
Hernández demandó el carente amparo por parte de marinos o militares ante el riesgoso panorama en el que se encuentran inmersos los trabajadores.
Ante la situación, todavía no se conoce un plan de acción gubernamental que busque proteger a este grupo.
No obstante, las autoridades fiscales han prometido cumplir con sus labores de combate contra la impunidad.
Así, la Fiscalía estatal asegura encontrarse investigando los casos para eliminar este tipo de violencia que se suma al terror que se vive en Guerrero.
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