Con base en la Ley de Responsabilidad Patrimonial, víctimas de la línea 12 del Metro exigirán el pago de millonarias indemnizaciones a Claudia Sheinbaum y a cuatro dependencias del GobCDMX.
El despacho de abogados Carbino Legal solicitará a la Contraloría inicie procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado.
Esto ante la evidente y trágica falla en la operación de la línea 12 que hace un año dejó 26 muertos y más de 100 lesionados.
Como autoridades responsables en esos procedimientos se señalará a la jefatura de gobierno.
Pero también a la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Obras, la Secretaría de gestión integral de riesgos y desde luego el Sistema de Transporte Colectivo.
En conferencia el abogado Miguel Ángel Alcalde Huerta detalló la ruta jurídica para hacer valer la reparación del daño vía esas indemnizaciones.
Explicó que la carga de la prueba para demostrar qué dependencia hizo bien su trabajo y cuál dependencia no le corresponde al propio gobierno.
“La batalla será interna entre ellos para demostrar quién comparte culpa y hasta qué grado”, explicó el litigante.
110 MILLONES
Esta semana se presentará la primera reclamación a nombre de cada uno de los familiares.
En un caso en concreto se pedirá por indemnización 110 millones de pesos, por una sola víctima fallecida.
Para exigir ese monto se tomaron en cuenta criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre una justa indemnización.
Así como jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal de Justicia Administrativa.
Para definir la indemnización a lesionados aún no hay una definición de montos.
Ahí depende de la gravedad de esas lesiones e incluso de afectaciones psicológicas e incapacidades derivadas del percance.
La institución que recibirá en primera instancia los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado será la Secretaría de la Contraloría, que tendrá tres meses para resolver.
De no estar satisfechos con el resultado, los abogados de Carbino Legal acudirán al Tribunal de Justicia Administrativa para demandar una nulidad y una eventual resolución favorable.
En el Tribunal el caso puede demorar hasta año y medio.
En caso de que la resolución del Tribunal no satisfaga los intereses de las víctimas se acudirá ante un tribunal colegiado bajo la figura del amparo directo y eso puede tomar otros ocho meses.
DINERO HAY
Miguel Ángel Alcalde explicó que por ley existe en la CDMX un Fondo para el pago de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.
Los recursos de ese fondo no pueden ser menores a 0.4% de los ingresos del gobierno de la ciudad.
Entonces, dijo que existe el dinero para cubrir todas estas indemnizaciones que se exigieran a las 14 víctimas representadas por Carbino Legal.
Agregó que en la Contraloría solicitarán se realice un procedimiento abreviado.
Ese establece que cuando sea evidente la existencia de una actividad irregular se puede solicitar dicho procedimiento y tener una resolución en menos de un mes.
“Si el gobierno de la ciudad está realmente interesado en reparar el daño y atender a las víctimas es una buena oportunidad para que lo demuestren, que concedan el procedimiento abreviado”, dio el abogado.
COMISIÓN DE LA VERDAD
Alcalde Huerta anunció que presentarán una demanda de amparo indirecto reclamando la omisión de las autoridades legislativas.
Van contra el Congreso de la ciudad de México y el Congreso de la Unión, para exigirle a los diputados la creación de una comisión de la verdad sobre la tragedia de la línea 12.
El litigante explicó que parte de la justa indemnización hacia las víctimas incluye el derecho a conocer la verdad.
La verdad, dijo, no solo abarca lo que está incluido en la carpeta de investigación.
Lamentó que este es un caso de justicia selectiva.
Por ello consideró importante que los diputados locales y federales generen esas comisiones, para exponer la verdad ante las víctimas y ante la sociedad.
Insistió que las víctimas tienen un derecho humano al no olvido y a la no repetición.
El abogado estimó que con la ruta jurídica a seguir se generará una obligación hacia las autoridades.
Al imponerse la garantía de no repetición se podrá evitar la construcción de obras improvisadas y que no cuenten con los estudios necesarios.
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