El llamar a una reforma electoral justo en el momento en que están por resolverse las impugnaciones de resultados en diversas gubernaturas, ayuntamientos y de la propia Cámara de Diputados, es un ataque a la independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Lo es porque en esta etapa del proceso lo que se está haciendo es una revisión jurisdiccional de la calificación de los comicios que, en el caso de los legisladores tiene que estar concluida antes del 1 de septiembre, y en lo que respecta a los gobiernos estatales y municipales antes de las tomas de posesión respectivas.
El presidente López Obrador suele referirse al TEPJF de forma amenazante con bastante frecuencia y ya anunció que presentará la reforma respectiva. En el Senado, la bancada de Morena también dio a conocer que presentará una iniciativa en la que se contemplan cambios en la Sala Superior y en el INE.
Uno de los soportes más relevantes para la independencia de los magistrados y magistradas es la estabilidad en el cargo y para ello cuentan con la protección de la Constitución y de la Convención Americana.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el informe del relator especial sobre independencia de los magistrados, donde se señala que los Estados deben evitar sanciones encubiertas y una de ellas es interferir en la estabilidad de las carreras.
Por ello es indispensable que los jueces constitucionales provengan de procesos de designación adecuados y que cuenten con las garantías de que el periodo de su mandato está garantizado.
Reforma electoral
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto diversos procesos al respecto, con relación a Ecuador y Venezuela, y siempre señalando que las presiones vulneran las garantías con que deben contar los ciudadanos para el acceso a la justicia.
De ahí que la Constitución mexicana y la Convención Americana estipulen la obligación de contar con tribunales independientes e imparciales para una pronta y completa impartición de justicia.
Es frecuente que los líderes populistas cambien la judicatura para incrementar su influencia y debilitar a los poderes contra-mayoritarios. En México esto no tienen que ser así y menos porque no hay una mayoría en las cámaras legislativas que lo permita. Esto es, hay también una gran responsabilidad de la oposición para no descomponer aún más el clima en el que el TEPJF toma sus decisiones.
Si cada vez que hay elecciones se procede a sustituir a las autoridades respectivas. Se genera incertidumbre y se abre la puerta para que las presiones de los actores políticos, o de los poderes fácticos, surjan efecto.
Por eso los anuncios de reformas en puerta, más allá de su viabilidad en el poder legislativo, son una presión indebida sobre las decisiones que aún se tienen que tomar en las próximas semanas y meses. Además de que socavan la propia independencia del Poder Judicial.
*Publicado en Forbes México el 24 de agosto de 2021. Link original: https://www.forbes.com.mx/red-forbes-reforma-electoral-la-constitucion-y-los-jueces/
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