Ante representantes de pueblos, de bienes ejidales y comunales de la Ciudad, Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso capitalino una segunda iniciativa de reforma a la Constitución local para eliminar el concepto de Suelo Rural.
Además, anunció que también propondrá al Congreso de la CDMX reformar la Carta Magna local para elevar a rango constitucional la obligación de mantener el presupuesto anual destinado al suelo de conservación.
“Entonces nosotros mañana mismo estaríamos enviando al Congreso de la Ciudad estas iniciativas para la modificación en la Constitución de la Ciudad de México”, dijo la jefa de gobierno.
También se comprometió a que durante este sexenio su gobierno otorgará más recursos al suelo de conservación.
Recordó que para 2023 quedó una partida por mil 100 millones de pesos para ese propósito.
LOS CULPABLES
Sheinbaum encabezó este lunes la firma de un Acuerdo de Coordinación de Política Ambiental en el Suelo de Conservación de la CDMX.
Ahí recordó la polémica que surgió a raíz de la presentación y puesta a consulta del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).
Acusó, como ya lo hizo hace dos semanas, que los diputados constituyentes incorporaron el tema de Suelo Rural en la Constitución de la Ciudad que se promulgó en 2017.
Dijo que en ese momento los pueblos con suelo de conservación no fueron consultados.
“Lo votaron los constituyentes, pero nunca les preguntaron a los dueños de las tierras; entonces nosotros creemos que este nombre, de suelo rural, está generando mucha confusión”, dijo la mandataria entre los aplausos de los asistentes.
LA SEGUNDA INICIATIVA
Así, en el Museo de la Ciudad de México planteó la intención de esta segunda iniciativa a la Constitución local.
“Lo que les queremos proponer es que regresemos a la Constitución el nombre de “suelo de conservación” y que ya no esté el nombre de “suelo rural”; que le dejemos su nombre original: suelo de conservación, que está establecido por las 88 mil hectáreas”, dijo.
Agregó que en todo caso, el Programa General de Ordenamiento Ecológico que hoy rige al suelo de conservación, sea discutido con los núcleos agrarios.
Esta es la segunda iniciativa que la jefa de gobierno envía al Congreso local en menos de 10 días y que está relacionada con el polémico PGOT.
El pasado 8 de diciembre envió una propuesta a los diputados locales para aplazar al 1 de octubre de 2023 la entrada en vigor del PGOT y del Plan General de Desarrollo (PGD).
Por tratarse de reformas constitucionales, las iniciativas de Sheinbaum no se pueden discutir en el mismo periodo de sesiones que se presentan ante el Congreso local.
La iniciativa que aplaza la entrada en vigor de ambos documentos sí podrá discutirse en el periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero.
Pero la propuesta que elimina el concepto de Suelo Rural deberá esperar hasta el periodo de sesiones que empezará el 1 de septiembre de 2023.
Esto es así pues aunque Sheinbaum envíe mañana esa iniciativa de reforma, el Congreso ya no se encuentra en periodo de sesiones.
Los diputados concluyeron trabajos el pasado 15 de diciembre.
RECLAMOS ENTRE LA PLEITESÍA
El evento con integrantes de comunidades agrarias se tornó por momentos un acto político-electoral en favor de las aspiraciones de Claudia Sheinbaum.
La mayoría de los oradores le externaron su apoyo a la jefa de gobierno para que en 2024 se convierta en presidenta de México.
Se vanagloriaron del apoyo que les ha brindado la actual administración capitalino.
No obstante, hubo voces discordantes que acusaron graves problemas de delincuencia en sus pobladores relacionados con la depredación del suelo rural.
Ese, por ejemplo, fue el caso de Antonio Leyte Bermejo, representante de la Comisaria Ejidal de San Francisco Tlaltenco en la alcaldía Tláhuac.
Acusó ante Sheinbaum, ante la titular de Sedema Marina Robles y la directora de la Corenadr Columba López una invasión “muy fuerte” propiciada por la línea 12 del Metro.
“En el Metro Tlaltenco tenemos ahí a la mafia, estamos hablando del suelo de conservación.
Por eso se ha perdido, porque la mafia está muy metida ahí”, denunció.
Dijo que el 15 de julio de 2021 fue asesinado el ex comisariado ejidal Rafael Hipólito Flores Pacheco.
Lamentó que el apoyo brindado por las autoridades ambientales de la Ciudad no ha sido suficiente para actuar contra esa invasión.
Consideró que si esas autoridades hicieran su trabajo no se llegaría a la situación que hoy se enfrenta.
Pobladores de San Juan Ixtayopan cuestionaron qué pasará con los asentamientos irregulares localizados dentro de ese ejido.
Acusaron que en un terreno denominado “El Pato” hay un asentamiento derivado de una lotificación que hicieron ejidatarios.
PAGOS DE TALAMONTES
El comisariado secretario de los bienes Comunales de San Miguel Ajusco intervino para acusar el pago de dádivas a la Guardia Nacional y a la Policía para permitir a los talamontes realizar tala clandestina.
Lamentó que esa actividad provoca ya la muerte del bosque del Ajusco.
“En mi comunidad se pagan hasta 100 mil pesos semanales por dádivas a autoridades, llámese Guardia Nacional, llámese Seguridad Ciudadana, llámese militares.
“Eso es lo que cuesta dejar subir y bajar trozos de árboles todos los días y a todas horas”, acusó ante Sheinbaum.
Denunció que existe una gran complicidad por parte de dichas autoridades.
Pidió que el combate a la tala clandestina entre en las políticas públicas ambientales diseñadas por el gobierno de la Ciudad.
Agregó que si bien existe mucho dinero para los suelos de conservación, lo importante es cómo invertirlo.
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