Poder Judicial inicia investigación contra excolaboradores de Zaldívar

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El Poder Judicial de la Federación ha tomado medidas tras la presentación de una denuncia anónima el pasado 9 de abril.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández, ha ordenado una investigación contra excolaboradores del ministro en retiro, Arturo Zaldívar, por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Según las acusaciones presentadas, entre los señalados se encuentran Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, y el extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, magistrado Jaime Santana Turral.

Ambos son señalados de haber ejercido presión, extorsión y amenazas contra jueces para obtener resoluciones favorables a sus intereses, ofreciendo supuestos beneficios políticos y económicos.

La denuncia también menciona a figuras prominentes como el expresidente de la SCJN, Julio Scherer, exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, implicados en una presunta conspiración contra la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales.

Ante estas graves acusaciones, la presidenta Piña ha ordenado la práctica de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos denunciados.

La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) será la encargada de llevar a cabo esta tarea.

Es importante destacar que, respecto a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar y sancionar los hechos que le son imputados, según se menciona en la denuncia.

La investigación también alcanza a otras figuras, como el exdirector del Instituto de la Defensoría Federal, Netzai Sandoval, y al ahora magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, conocido por su participación en el caso de la «Estafa Maestra».

Este nuevo desarrollo agita las aguas en el ámbito judicial mexicano, donde las acusaciones de coacción y corrupción despiertan preocupaciones en estos tiempos electorales.

 

 

 

 

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