Un Juez federal ordenó al Gobierno de Claudia Sheinbaum atender la situación actual por la que atraviesan quienes pagan renta para acceder a una vivienda en la CDMX.
La administración capitalina está obligada por orden judicial a generar las acciones necesarias para prevenir y mitigar los efectos que tuvo la pandemia entre esa población.
Lo anterior deriva de una demanda de amparo en contra de diversas autoridades, por no haber
adoptado ninguna medida para atemperar los efectos de la pandemia en el acceso a la vivienda de las personas inquilinas.
Durante la emergencia sanitaria el gobierno de Sheinbaum no adoptó ningún tipo de medida para evitar afectaciones al derecho a la vivienda adecuada, como sí se hizo en otros países.
EL CASO
En marzo de 2020 la señora María Luisa perdió su empleo debido a la contingencia sanitaria.
De ella dependen su hijo menor de edad y su madre, una mujer de más de 80 años con problemas respiratorios.
Con el tiempo María Luisa se quedó sin recursos para poder pagar la renta, por lo que su casero le exigió abandonar el lugar en el cual vivía desde hace cuarenta y cinco años.
La familia hubiera necesitado beneficiarse de algún apoyo gubernamental o medida enfocada a evitar su desalojo como sucedió en más de 12 países y numerosas ciudades en el mundo.
Pero se encontró con que en México ningún nivel de gobierno se preocupó por evitar que las personas vulnerables pasaran a una situación de calle.
LA DEMANDA
En mayo de 2021, la familia de la señora María Luisa recurrió a la asesoría jurídica de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) y de la abogada Carla Luisa Escoffié Duarte.
Así, presentó una demanda de amparo en contra de diversas autoridades por no haber adoptado ninguna medida para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia en el acceso a la vivienda de las personas inquilinas.
El pasado 10 de agosto el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX concedió el amparo a la madre de la señora María Luisa, a cuyo nombre se encuentra el contrato de arrendamiento.
El juzgador reconoció que la omisión de las autoridades significó una violación al derecho a la vivienda adecuada.
También destacó que desde 2020 la Relatoría de la ONU para el derecho a la vivienda exhortó a los países a adoptar “medidas extraordinarias para asegurar el derecho a una vivienda para todo el mundo para protegernos ante la pandemia”.
LA SENTENCIA
En la sentencia se ordenó a la Jefa de Gobierno evaluar la situación actual por la que atraviesa la
población vulnerable, relacionada con el derecho a la vivienda.
También se le ordenó generar una política para prevenir y mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia en personas inquilinas de la Ciudad de México.
También obligó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del gobierno federal obtener, analizar y difundir “información sobre los efectos generados en el acceso a la vivienda de arrendamiento e incrementos en desalojos” con motivo de la pandemia.
COMUNICADO
En un comunicado de prensa el equipo jurídico que acompañó a María Luisa y a su familia dio a conocer los alcances de la resolución judicial.
La Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) recordó que desde el inicio de la pandemia ha impulsado y participado en solicitudes y propuestas dirigidas a las autoridades.
Por esa vía hizo presente el problema de las personas inquilinas y planteó la necesidad de que se emitieran medidas para evitar los desalojos durante la crisis sanitaria, económica y social desatada por el COVID-19.
Así, saludó esta sentencia histórica y confió en que las autoridades como el gobierno de Sheinbaum, no recurrirán la decisión de impugnarla ante un Tribunal Colegiado.
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