El diputado local del PAN, Federico Döring Casar cuestionó los servicios contratados por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Prado.
A través de un comunicado de prensa, Döring demandó a la mandataria esclarecer los objetivos de la contratación de los servicios de la consultoría Ideograma.
Así como del asesor Antoni Gutiérrez-Rubí con relación al proceso de adquisición pública.
Esto debido a que ha considerado a la acción opaca y contraria a los principios de máxima publicidad.
Ya que no existe un documento que especifique la conveniencia de los montos de las contraprestaciones pactadas.
Por otro lado, solicitó al titular de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX propiciar la transparencia a través de tanto la presentación de los contratos administrativos como de las comunicaciones previas a estos entre la consultoría y Antoni Gutiérrez-Rubí.
El diputado consideró urgente el cumplimiento de la exigencia debido a que no se cuenta con documentación oficial de contratación del asesor Antoni Gutiérrez-Rubí.
Asimismo, no existe un fundamento que avale la contratación de los servicios, situaciones que abrieron puerta para que se iniciaran los cuestionamientos en su contra.
Diputado cuestiona a Sheinbaum por posible ilegalidad en acuerdos comerciales
Sumando argumentos al discurso de Döring, el diputado local, Luis Chávez García aseguró que estas acciones propician la corrupción.
Ya que la opacidad y la falta de rendición de cuentas permiten la ejecución de actividades a la sombra pública.
“Esto viola desde luego la Constitución de la Ciudad y, además, es claro que estos esfuerzos gubernamentales, están enfocados a aspiraciones políticas “personalísimas”
“Y, de ser constitutivas las faltas administrativas, podría suponerse hasta en delitos”, señaló Chávez.
Los diputados integrantes de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría criticaron los hechos por regirse contrarios a los principios de austeridad.
Cuestión que ataca al derecho a la buena administración pública de los habitantes de la ciudad.
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