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Justicia

Viuda de Javier Valdez, víctima de espionaje



Ciudad de México.- Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, asesinado en Sinaloa el 15 de mayo de 2017, fue víctima de un intento de introducir en su teléfono móvil el software espía "Pegasus" diez días después de que mataran a su esposo, indicó un nuevo informe de Citizen Lab.



Con este nuevo caso, el grupo experto en temas de tecnología e información de la universidad canadiense de Toronto eleva ya a 25 los afectados por este malware en México, incluidos dos colegas que trabajaban con Valdez en el semanario Ríodoce, especializado en cobertura del crimen organizado, y que sufrieron intentos de hackeo desde el día siguiente al homicidio del reportero; todavía no se sabe con qué objetivo.



"Pegasus" funcionaba mediante el envío de mensajes de texto de interés para la víctima, que tenían un vínculo. Al abrirlo el celular se convertía en un dispositivo de espionaje y permitía activar el micrófono y la cámara a distancia, además de acceder a todo el contenido almacenado en el aparato.



En el caso de Triana, el primero documentado de una víctima indirecta de asesinato que es espiada, uno de los mensajes hablaba de una supuesta teoría sobre el homicidio de Valdez y otro sobre presuntos ataques contra ella. Sin embargo, ella no abrió ninguno.



El programa era de la compañía israelí NSO Group, que aseguró que sólo lo vendía a gobiernos con el objetivo de vigilar a criminales y terroristas. La anterior administración mexicana lo compró pero en lugar de rastrear delincuentes, las investigaciones de Citizen Lab demostraron que se usó contra reconocidos periodistas, abogados en derechos humanos, activistas, políticos de oposición, investigadores e incluso contra un menor.



“¿Qué razones había para espiarme? Ni mi familia ni yo somos delincuentes y estoy segura de que yo no represento ningún peligro para la seguridad nacional”, agregó. “¿Tal vez querían desvirtuar las investigaciones [sobre el homicidio]?”.



Posiblemente lo que más la indignó, según dijo, fue que ella misma había abierto las puertas de su casa a la fiscalía federal y otras autoridades para que revisaran conexiones de internet, equipos de cómputo y celulares. “Por ninguna razón se justicia su bajeza para espiarme”.



La también periodista anunció que pondría la demanda correspondiente y exigió al nuevo gobierno que aclare quiénes usaron Pegasus y con qué fines, para que se llegue a la verdad y la justicia.



El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto siempre negó cualquier utilización ilegal del programa y aunque inició una investigación todavía no se sabe quién lo activó contra todos estos personajes.



Las ONG contraparte de Citizen Lab en México --Artículo 19, R3D y Social Tics-- han denunciado insistentemente que la anterior administración no investigó este escándalo e incluso hubo funcionarios que ocultaron información sobre el tema, por eso subrayaron la importancia de que el ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador lance ahora una investigación técnica e independiente para esclarecer quién, cómo y por qué se utilizó Pegasus de esta manera.



El primer informe de Citizen Lab sobre su uso en México, divulgado a principios de 2017, documentaba casos de 2015 y 2016. Los intentos de hackeo de los periodistas de Ríodoce, Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, así como el de Griselda Triana demuestran que esta estrategia continuó durante 2017, después de la denuncia pública.



Ahora los investigadores aseguran que la estructura de espionaje siguió activa hasta septiembre de 2018, poco antes del cambio de gobierno en México, ocurrido el pasado 1 de diciembre, y más de un año después de que la fiscalía federal anunciara la apertura de la investigación, de cuyos resultados no se ha informado absolutamente nada.



La mayoría de los 25 afectados, que podrían ser muchos más, según Citizen Lab, coincidían en ser críticos con el gobierno o estar en momentos clave de investigaciones de transcendencia: periodistas que habían denunciado casos de corrupción que llegaban hasta el presidente, activistas que proponían gravar las bebidas azucaradas o incluso expertos extranjeros que indagaban con estatus diplomático la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 a manos de autoridades vinculadas con el crimen organizado.



Los mensajes siempre contenían noticias relacionadas con sus respectivos trabajos o con temas personales vinculados al fallecimiento de alguien cercano o alguna supuesta relación amorosa.



Para John Scott-Railton, uno de los autores de este informe, este nuevo caso demuestra la magnitud de los abusos cometidos con un programa que supuestamente sólo estaba a disposición del gobierno mexicano y las muchas preguntas todavía por responder. (AP)

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