Ciudad de México.-El Congreso capitalino aprobó hoy por unanimidad la creación del Registro Público de las Personas Agresoras Sexuales, en donde estarán depositados los datos de delincuentes como violadores, feminicidas, tratantes de personas, turistas sexuales y agresores de menores de 12 años.
En todos los casos, la incorporación a ese registro aplicará a partir de que la sentencia cause ejecutoria y la información permanecerá en esa base de datos con una duración mínima de 10 y máxima de 30 años.
Como ninguna ley es retroactiva, no integrarán este registro las personas que hayan obtenido sentencia ejecutoria previo a la entrada en vigor de esta normatividad.
El Registro contendrá información general de la persona sentenciada con ejecutoria como fotografía actual, nombre, edad, alias y nacionalidad, aunque contará también con información clasificada a la cual solo tendrá acceso el Ministerio Público con autorización del juez de control, como señas particulares, zona criminológica donde cometió los delitos, modus operandi, ficha signaléctica y perfil genético.
A pesar de que en el dictamen se planteaba que la revisión pública del Registro sólo se podría hacer a través de una petición escrita, la ciudadanía podrá revisar esa base de datos por Internet, pues de acuerdo a una reserva al dictamen que presentó la diputada de Morena, Donají Olivera, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad estará obligada a publicar en su portal web ese registro de agresores sexuales.
Además, la Secretaría de Gobierno contará con un término máximo de 90 días naturales para crear el registro público.
En el decreto, que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad para su promulgación, se incluyó una reforma al Código Penal capitalino para establecer que con independencia a cualquier reparación del daño a que se haya comprometido un agresor, dicha reparación no impedirá la inscripción en el Registro Público de Agresores.
El registro subsistirá durante todo el tiempo que dure el cumplimiento de la pena de prisión impuesta, aunque ésta sea sustituida en términos de ley, y se extenderá de 10 a 30 años contados a partir de que el sentenciado, por cualquier motivo, obtenga su libertad.
La inclusión en el registro se hará extensivo sin importar el sexo de la víctima, mientras que el juez, al dictar sentencia condenatoria determinará la pena con base en la gravedad del ilícito y para ello tomará en cuenta aspectos como el grado de misoginia y si se trata o no de un acto de violencia sexual.
Los legisladores modificaron también la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la CDMX, donde establecieron que se crea el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales como mecanismo efectivo de prevención y protección, para los efectos de atender el riesgo de reincidencia y repetición de violencia sexual, a favor de víctimas o potenciales víctimas de esa violencia.
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