Ciudad de México.- Las elecciones celebradas en Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México marcan el inicio del proceso de sucesión presidencial hacia el 2018.
Se votaron 525 cargos de elección popular: 3 gobernadores, 55 diputados, 197 regidurías y otros 270 cargos en los ayuntamientos.
En Coahuila participaron 15 partidos políticos, en Nayarit 10, en Veracruz y en el Estado de México 9. Con una lista nominal de electores para todas estas entidades de 19.7 millones de ciudadanos, nuestro sistema multipartidista ha logrado producir elecciones competitivas.
No sólo por su importancia política, puesto que concentra a 11.3 millones de electores, poco más del 13% del total nacional, las elecciones en el Estado de México focalizaron la atención.
En medio de grandes expectativas y de un intenso malestar social, los ciudadanos vivieron los últimos momentos de campaña en una atmosfera de tensión, con una guerra sucia que involucró prácticamente a todos los candidatos. La intimidación al votante fue una característica de estas elecciones.
En el Estado de México la estructura gubernamental es populista y su dominio abarca la zona rural y la capital de la entidad. Históricamente, la oposición ha sido exigua, aunque ha logrado fracturar el monopolio político en un estado que nunca ha vivido una alternancia en el poder.
Para lograrlo, ha recurrido también a las estrategias populistas. Para estas elecciones es previsible la judicialización de los resultados y la aparición de gobiernos divididos.
Dos temas ocuparán el debate jurídico y político en las próximas semanas. De un lado, el modo como la autoridad administrativa electoral garantizará los principios de certeza y transparencia y, del otro, la manera como la autoridad jurisdiccional tutelará el principio de la equidad fracturado por denuncias de compra y coacción del voto.
Estas elecciones demuestran que el populismo como práctica e ideología ha permeado a los partidos, tal y como sostiene el politólogo Ernesto Lacau, cuando lo concibe como una ideología popular democrática.
El proceso electoral se integra por una serie de actos administrativos y fases procesales que llevan a cabo las autoridades para permitir la renovación periódica y pacífica del poder.
Sin embargo, la presencia continua de delitos electorales muestra que nuestro proceso de transformaciones aún no ha logrado la construcción de un sistema de reglas del juego que permita tutelar los intereses de la comunidad política.
Estas reglas requieren del consenso de las partes para garantizar una solución ordenada de los conflictos post-electorales. Un delito es una infracción voluntaria de una ley penal, haciendo lo que ella prohíbe o dejando de hacer lo que manda.
Los delitos electorales son acciones u omisiones que atentan contra los principios de legalidad e imparcialidad que rigen nuestro sistema político. Estos representan agravios directos contra la expresión soberana de la voluntad ciudadana.
Al respecto, un aspecto central del acuerdo democrático —que no se debe perder de vista— es el consentimiento de los perdedores respecto del resultado de los comicios. Pero para que esto ocurra, se requiere el desarrollo de un sistema electoral que, abandonando el populismo, incentive la colaboración entre partidos y la afirmación de una concepción colectiva acerca de la responsabilidad de los gobernantes.
@isidrohcisneros
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