Ciudad de México.-A partir de que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad, las personas que enfrenten una violación a sus derechos humanos por parte de un ente público local o de las Alcaldías podrán exigir una compensación a esas instituciones, como medida para resarcir el daño por perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente cuantificables, por actos que hubieran afectado la vida, libertad e integridad física o mental de la víctima, incluido el error judicial.
Esta garantía forma parte de una adición al artículo 61 de la Ley de Víctimas de la Ciudad que los diputados locales aprobaron por unanimidad antes de concluir el periodo ordinario de sesiones.
De acuerdo con la modificación, será la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México la responsable de establecer los montos de las indemnizaciones, mismo que será incluido en el plan integral de reparación de cada víctima pero que ahora se pagarán con recursos propios del ente infractor.
Las medidas compensatorias deberán incluir la valoración de los daños materiales e inmateriales; dentro de este concepto se incluye toda orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a un monto determinado que atiende a un daño, incluyendo los gastos médicos generados por concepto de daño emergente, gastos futuros o fondos de desarrollo a comunidades respecto a los cuales se trace un monto.
Promotor de la iniciativa, el legislador de Morena Temístocles Villanueva detalló que esta reforma tiene el propósito de que los entes públicos generen una cultura de respeto a los derechos humanos y que den cumplimiento a las medidas de satisfacción con su propio presupuesto.
“La Ley de Víctimas de la Ciudad de México establecía que las indemnizaciones con motivo de violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios o servidores públicos eran a cargo del Fondo de la Ciudad, cuya administración corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, expuso.
Agregó que lo anterior generaba un círculo vicioso, ya que no había un efecto disuasivo ni de prevención en las autoridades responsables pues no tenían que enfrentar con cargo a su presupuesto dicha responsabilidad y, por tanto, no invertían en generar una debida política pública de prevención ni de correcta atención a la víctima.
Villanueva se refirió a otros efectos que tendrá la modificación legislativa, entre los que se encuentran un cambio en las instituciones, romper el círculo vicioso de violaciones a derechos humanos sin consecuencias, generar un efecto persuasivo en las autoridades que tendrán que generar sus políticas públicas de prevención y respeto a los derechos humanos.
Imprimir artículo
