Vecinos de Las Granadas cumplen advertencia: se amparan contra cambios de uso de suelo que califican de ilegales



Ciudad de México.-Vecinos de la colonia Ampliación Granadas presentaron hoy una demanda de juicio de amparo contra la aprobación y promulgación de los cambios de uso de suelo en la zona conocida como Nuevo Polanco que permiten la construcción de hoteles en un área ya de por sí presionada por el boom inmobiliario.



En los juzgados administrativos federales, los colonos en compañía de la diputada local del PAN América Rangel, interpusieron el recurso jurídico en el cual señalaron una serie de irregularidades en los procedimientos legislativo y administrativo, así como de violaciones constitucionales, en torno a la aprobación de esos cambios de uso de suelo.



Como parte de la demanda de juicio de amparo, los vecinos acusaron que se transgreden sus derechos en virtud de que los cambios de uso de suelo para la construcción de hoteles de cuando menos 10 pisos de altura, generarán sin duda alguna problemas como mayor falta de agua potable en la zona.



Dentro de la demanda se señala que en el transcurso del mes de mayo de 2020 se presentaron diversas Iniciativas Ciudadanas ante el Congreso de la Ciudad para impulsar esos cambios de uso de suelo.



La primera se presentó el 11 de mayo de 2020 por Francisco Javier Arce Gándara, en su calidad de Representante Legal de la Inmobiliaria Hoteles Rivera S. A. de C. V., para el predio ubicado en Circuito Interior Melchor Ocampo No. 323, Colonia Anzures de la Alcaldía Miguel Hidalgo, mencionando como objetivo del cambio permitir servicios de hoteles, para la construcción de máximo 10 niveles.



El 25 de mayo de 2020, Paola Patricia Valencia Hidalgo, en su carácter de Representante Legal de “CIBANCO”, S. A. de C. V., presentó la iniciativa para el cambio de uso de suelo del predio ubicado en Avenida Ejército Nacional Mexicano 843, Colonia Granada, mencionando como propósito del cambio, contar en el predio referido con uso de suelo de Hotel.



El 5 de mayo de 2020, Laura de Jesús Arroyo Sauri, en calidad de apoderada legal de la Inmobiliaria Polanco S.A. de C. V., presentó la iniciativa de Decreto por el cual se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo para el cambio de uso de suelo en el predio ubicado en Avenida Ejército Nacional No. 769, Colonia Granada, también para permitirse la edificación de un hotel.



El 25 de mayo de 2020, Fernando Castro Armelia, apoderado legal de FIM-TIERRA UNO, S.A. de C.V., presentó la iniciativa respecto del predio ubicado en Avenida Río San Joaquín No. 498, Colonia Ampliación Granada, con el propósito de que en el predio se permita el uso de Hotel en la zonificación Habitacional Mixto (HM) que le aplica al predio, con el fin de proporcionar en la zona de un servicio de hospedaje de tipo clase Ejecutiva.



También el 25 de mayo de 2020, Josué Antonio Mendoza Alemán, en calidad de representante legal de BANCO VE POR MÁS, S.A. FIDEICOMISO NÚMERO 145, presentó ante el Congreso local la iniciativa para cambio de uso de suelo en relación con el predio Moliere No. 515, Colonia Ampliación Granada, con la finalidad de permitir el uso de servicios de hospedaje.



En la solicitud de amparo se señala que esas iniciativas ingresaron al Congreso de la Ciudad con carácter ciudadano, en contravención con el artículo 30 de la Constitución Política capitalina, donde se precisa que para tener esa calidad de propuestas colectivas debieron contar con la firma de al menos un 0.13 por ciento de la lista nominal de electores vigente, lo cual claramente no ocurrió.



Además, los vecinos que interpusieron el recurso de amparo señalaron que en su momento la Diputada Isabela Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta del Congreso local, turnó las “Iniciativas Ciudadanas” a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del órgano legislativo, cuando una Iniciativa que ingresa con esa naturaleza debe ser turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, pues así lo establece el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad.



Dentro de la solicitud de amparo también se argumenta que al presentar esas “iniciativas ciudadanas” los promoventes fundaron su solicitud en el artículo 34 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, donde se establece que cualquier persona mayor de edad con domicilio en la Ciudad, en lo individual o en grupo, puede proponer reformas a los Programas Delegacionales de Desarrollo.



“Resulta que, si bien esta Ley está vigente, su expedición es de julio del 2010 momento en el cual, no existía la Constitución Política de la Ciudad de México, máximo ordenamiento normativo. Esta precisión en el tiempo es fundamental, porque de ella resultan consecuencias jurídicas que impactan en la vida y los derechos de los capitalinos en forma directa”, se lee en el documento.



Así, los vecinos alegan el Congreso de la Ciudad de México ha incumplido en armonizar y adecuar la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal sigue siendo norma vigente en todo lo que no contraviene a la Constitución Política local; la figura de Iniciativa Ciudadana tiene una regulación definida y unívoca en la Constitución capitalina; además de que el legislador local debió haber rechazado las propuestas de “iniciativas ciudadanas” para modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo, debido a que no colmaron los supuestos constitucionales relativos a las Iniciativas Ciudadanas.



Otra omisión señalada en la solicitud de amparo es que el Concejo de la Alcaldía Miguel Hidalgo, debió emitir opinión respecto a los cambios de uso del suelo, lo cual no ocurrió.



“Al enterarse, algunos Concejales hicieron del conocimiento de los legisladores de la Ciudad esta omisión y transgresión a la Constitución local, sin embargo, nunca repusieron el procedimiento argumentando que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal no contemplaba tal situación”, denunciaron los vecinos.



Sobre el actuar de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en este proceso y particularmente con la promulgación de los cambios de uso de suelo al publicarlos en la Gaceta Oficial capitalina, acusaron que la mandataria no acató en estricto rigor lo establecido en el artículo 30 de la Constitución local, donde se señala que los decretos aprobados por el Congreso le serán remitidos para su consideración, lo cual no hizo.



“Resulta que antes de la promulgación y la publicación como elementos del proceso legislativo, la titular del Ejecutivo local debe realizar una consideración del mismo antes de expedir una ley o decreto.



“Es evidente que por el impacto jurídico y social que conlleva en la vida de los ciudadanos cada ley o decreto que se emite, la consideración consiste en un análisis serio y profundo de la legalidad de la norma que se va a expedir, así como de sus consecuencias”, se lee en la demanda de amparo.

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