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Vecinos de Benito Juárez afectados por sismo acusan desatención de autoridades; ser de clase media no es privilegio, señalan

Ciudad de México.- Vecinos de edificios en la colonia Narvarte Poniente que resultaron dañados o que colapsaron durante el sismo del pasado 19 de septiembre acusaron que a 46 días del temblor han enfrentado la desatención, el desdén y la desinformación de parte de autoridades capitalinas para resolver sus exigencias de reconstrucción, seguridad, refugio temporal y atención sanitaria.

Dijeron que ser de clase media no significa ningún privilegio y acusaron que en el albergue instalado en el gimnasio de la delegación Benito Juárez, los funcionarios de la demarcación ya les han pedido que desalojen el lugar. “No hay autoridad”, denunciaron.

Varias decenas de colonos participaron la mañana de este sábado en una conferencia de prensa, en el cruce de Enrique Rébsamen y La Morena, en donde pidieron que el gobierno de la Ciudad intervenga para realizar la revisión inmediata de los inmuebles que sufrieron daños y de los colindantes, pues hasta la fecha no han sido revisados por las autoridades competentes.

Pidieron la realización de los dictámenes estructurales de todos los edificios donde la seguridad es incierta, y de aquellos inmuebles donde se necesita demostrar que lo requerido es la demolición; así como poner a disposición de los ciudadanos los diversos censos de inmuebles y las inspecciones realizadas por los distintos niveles de gobierno, pues la Plataforma CDMX está incompleta y no se tiene acceso al censo delegacional, además de que los ciudadanos desconocen qué tipo de verificación se ha llevado a cabo.

Frente al edificio de la calle Enrique Rébsamen 241 que colapso durante el sismo, la vecina Vania Salgado dio lectura al pliego de necesidades, como conocer los criterios con los que se hace la reclasificación de riesgo en los edificios afectados, pues de un día a otro se baja la reclasificación de rojo a amarillo o de amarillo a verde con sólo una inspección visual y sin consulta a los propios habitantes.

Pidieron acceso a la información catastral de los inmuebles, como planos, memorias estructurales, licencias de construcción y regularización de construcciones, entre otros.

Esa información es necesaria para casos como el que planteó la vecina Nelly Moctezuma, habitante del edificio ubicado en Nicolás San Juan 308, quien recordó que en 2005 y luego de una rehabilitación completa de ese inmueble, se le agregaron dos niveles adicionales a una estructura que data de 1968 y que resultó afectada con el sismo de 1985.

Ella adquirió como nuevo el departamento que compró luego de la rehabilitación del año 2005, aunque no era así. Hoy quiere saber las condiciones específicas en las que se encuentra el edificio, si es necesaria la demolición o sólo amerita una reparación, pero eso pasa por la realización de dictámenes de seguridad estructural que la delegación Benito Juárez les ha dicho que no puede realizar por falta de personal especializado y que por su cuenta costaría entre 200 mil y 700 mil pesos.

Nelly Moctezuma desconoce si en ese edificio se reconocerán los derechos adquiridos de los dos niveles adicionales que se edificaron en 2005, pero se muestra preocupada porque en el edificio de al lado, el de Nicolás San Juan 304, los habitantes aceptaron la reconstrucción de acuerdo con las reglas del gobierno capitalino, lo que implica que han dado su aval para que haya una redensificación y con ello se construya un 35 por más de departamentos de los que hay hasta ahora. “Si le ponen más niveles al edificio de al lado yo me pregunto qué ocurrirá con mi edificio”, expuso la vecina.

Los habitantes de la Narvarte Poniente también pidieron el apoyo de las autoridades para la vigilancia de sus edificios, pues con el paso del tiempo ha dejado de ser una prioridad para los cuerpos policiacos. En ese sentido, Mónica Romero, vecina de Enrique Rébsamen 249 esquina con Morena, dijo que cada día que pasa hay menos policías, además de que en las noches la calle y los inmuebles permanecen a oscuras, lo que incrementa el riesgo de asaltos y vandalismo a domicilios que desde el temblor permanecen con las puertas abiertas.

Mónica Romero acusó que en el caso de su edificio, las autoridades locales no han llevado a cabo ningún dictamen de seguridad estructural, sin embargo, el pasado 2 de noviembre llegaron al lugar representantes de la Consejería Jurídica del gobierno capitalino a pegar a una notificación de demolición. Dijo que los colonos de este lugar mandaron realizar una revisión estructura de forma privada y el especialista les notificó que no se requería la demolición.

Como en el caso del inmueble de Nicolás San Juan 308, en este de Enrique Rébsamen se construyeron más niveles de los permitidos, pues aunque sólo están permitidos cuatro, hay ocho pisos, lo que a los vecinos genera dudas respecto a si serán reconocidos los derechos adquiridos para que, en caso de la demolición y reconstrucción, sea posible redensificar con el 35 por ciento adicional que propone el gobierno de la Ciudad.

Los vecinos también pidieron que se dé a conocer la seguridad estructural de todas las escuelas de la zona, pues hay planteles como la Primaria Patrimonio Nacional en donde se desconoce qué obras se realizarán y el tiempo que tardarán.

Héctor de la Cueva, habitante de doctor Vértiz 1233, dijo que es necesario conocer el manejo de los donativos y de los fondos de reconstrucción para saber a qué tipo de recursos pueden acceder. Lamentó que las decisiones de las autoridades capitalinas se han tomado sin la participación ciudadana y sin la inclusión de los damnificados, por lo que se toman determinaciones como querer convertir a las víctimas en deudores.

Expuso que si los vecinos se apegan al plan de reconstrucción anunciado por el jefe de Gobierno, en donde se les otorgaría un préstamo a 15 años en el que pagarían únicamente los intereses, al final erogarían el doble o hasta el triple de lo que hoy vale su vivienda. Los colonos reconocieron que ellos no pueden acceder a recursos del Fonden, porque no son personas en situación de pobreza extrema.

En la conferencia, la señora María Cristina Ramírez, vecina de Sevilla 405 en la Portales, relató que desde el sismo ha pernoctado en el refugio temporal habilitado en el gimnasio de la delegación Benito Juárez. De las aproximadamente 600 personas que eran al inicio hoy quedan alrededor de 50, quienes enfrentan la falta de comida y los malos tratos del personal que atiende el lugar.

Dijo que las trabajadoras sociales y autoridades de la delegación Benito Juárez les han dicho y anunciado que tienen hasta esta semana para permanecer en el refugio, pues el mismo dejará de funcionar, ya que los usuarios del gimnasio requieren el servicio de las instalaciones para las que ya pagaron.

Etiquetas CDMX Benito Juárez Vecinos Narvarte

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