Ciudad de México.-A través de una iniciativa y un punto de acuerdo que presentaron en la sesión ordinaria del Congreso capitalino, diputados locales de Morena buscan detener el desarrollo urbano anárquico en la capital del país.
Por una parte, la legisladora María de Lourdes Paz Reyes planteó que elGobierno de la Ciudad de México debe declarar una moratoria urbana, para impedir que continúen los grandes desarrollos inmobiliarios que han facilitado las actividades lucrativas para unas cuantas personas, a cambio de la afectación de los derechos de una gran cantidad de habitantes.
En un punto de acuerdo que se aprobó de urgente y obvia resolución, la legisladora consideró indispensable que el Poder Legislativo local impulse acciones coordinadas y ejerza sus funciones de fiscalización de las autoridades administrativas. Ello, apuntó, con el fin de garantizar que el crecimiento urbano sea ordenado, con apego a la ley, a los instrumentos de planeación, las normas de uso de suelo y en cumplimiento de los procedimientos aplicables.
Ante el pleno, calificó de preocupante la declaración del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, respecto a que el impacto económico de la industria de la construcción hace inviable declarar una moratoria urbana en la capital del país.
Subrayó que tal aseveración deja ver claramente que el principal compromiso del actual Gobierno de la Ciudad de México es con los desarrolladores, que en muchos casos infringen la ley, y no con los vecinos que resultan afectados en sus derechos.
Recordó que la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, ha expresado que revisará la legalidad de nuevos desarrollos inmobiliarios, pues la ciudad no puede seguir creciendo de la manera como hasta ahora generando mucha molestia ciudadana por la falta de los servicios necesarios.
Aclaró que la propuesta de moratoria no pretende frenar el desarrollo de la Ciudad, pues éste debe ser constante, sino de lo que se trata es de revisar las normatividad, los procedimientos administrativos y criterios de operación de la autoridad en materia de planeación, desarrollo urbano y construcción de vivienda.
La propuesta exhorta al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a que, a través de la Secretaria de Desarrollo urbano y Vivienda, declare una moratoria urbana que determine la suspensión de los términos para recibir y resolver trámites relacionados con la materia inmobiliaria, específicamente para cambios de uso de suelo y expedición de licencias de construcción.
“La Constitución local establece obligaciones para las autoridades y limitaciones para el desarrollo de obras con base en criterios de sustentabilidad y sujetándose al interés público”, agregó.
La medida, tiene la finalidad de impedir que se continúen los grandes desarrollos inmobiliarios hasta que se apruebe la nueva política que será implementada para la autorización de los proyectos, así como las normas de ordenamiento territorial aplicables, según se desprende del Punto de Acuerdo propuesto por Morena.
Consulta vecinal
Por separado, el diputado Fernando Aboitiz, quien llegó al Congreso local por Morena pero ahora integra la asociación parlamentaria de Encuentro Social, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano.
En su propuesta plantea en el artículo 93 que para los desarrollos inmobiliarios mayores de 10 mil metros cuadrados en los casos de uso habitacional y mayores de 5 mil metros cuadrados para uso comercial, la Seduvi y la Secretaría del Medio Ambiente tendrán que realizar una consulta vecinal antes de entre entregar un dictamen de impacto urbano.
Además, plantea en el artículo 76 que antes de dictaminar un polígono de actuación, la Seduvi tendrá solo siete días hábiles para requerir la opinión favorable de las secretarías del Medio Ambiente, Movilidad, Protección Civil y Obras, del Sistema de Aguas, la Alcaldía respectiva y la PAOT, un requisito que ahora no es necesario.
“Me parece que hay qué hacer una revisión profunda del tema, las actuales normas no dan ni la transparencia ni la claridad a la comunidad y también ponen en incertidumbre jurídica a los propios inversionistas”, dijo Aboitiz.
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