Una Ley Orgánica para el Instituto de Planeación pero sectorizado a Jefatura del GobCDMX, propone Morena



Ciudad de México.-La bancada de Morena en el Congreso capitalino tiene listo un nuevo proyecto de dictamen de la Ley de Planeación, el cual ya distribuyó entre los otros partidos políticos para comenzar su discusión a partir de mañana en comisiones legislativas.



El nuevo documento se apega casi en su totalidad a una propuesta que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum remitió al Legislativo local a principios de noviembre.



Así, el proyecto de dictamen de Morena reitera que el Instituto de Planeación será un organismo público descentralizado, con autonomía técnica y de gestión, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.



Lo anterior ha generado un amplio rechazo entre organizaciones sociales, que acusan una abierta injerencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en las decisiones que se tomarán dentro de ese nuevo Instituto.



Una de las cosas que sí cambiaron en este proyecto morenista y que también había generado rechazo entre la sociedad civil era la existencia de un estatuto dentro del Instituto de Planeación, porque un estatuto podría generarse desde la misma Jefatura de Gobierno. Esa figura ya no existe en el documento y se le sustituye por una Ley Orgánica.



Ahora, el Instituto se integrará por “una Junta de Gobierno; una Dirección General; un Directorio Técnico; un Consejo Ciudadano; una oficina especializada para la consulta pública y la participación social, y las demás unidades administrativas establecidas en su Ley Orgánica” , se detalla en el documento del que Capital CDMX tiene una copia.



Además, se explica que la Ley Orgánica establecerá la organización, funcionamiento y operación de estos órganos dentro del Instituto. Se procurará el principio de paridad de género en su integración, así como en el Comité de Selección y el Comité Técnico de Selección.



Al igual que la propuesta de Sheinbaum, este último proyecto de dictamen excluye a la ciudadanía de participar, de forma colectiva o individual, como responsable de la planeación democrática de esta Ciudad. También deja fuera al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social capitalino como autoridad responsable de la aplicación de esta nueva ley.



En el artículo 13 se precisa que la persona titular de la Dirección General del Instituto será designada por mayoría calificada de los miembros presentes del Congreso, a partir de una terna propuesta por el Comité de Selección. Durará en su encargo cinco años y podrá ser reelecta por otro periodo de tres años bajo el mismo procedimiento previsto para su nombramiento.



Como parte del artículo 10 se mantienen las facultades que la jefa de gobierno se autoasignó en materia de planeación a través de su propio documento.



Originalmente, solo tenía facultades de coordinar la ejecución de los distintos instrumentos normativos para el desarrollo, pero ahora se señala que podrá dirigir y coordinar la formulación, actualización o modificación del Plan General; el Programa General, el Programa de Gobierno y los programas sectoriales, especiales e institucionales de la Ciudad, a través de las instancias competentes.



La mandataria también podrá celebrar convenios y acuerdos de coordinación en materia de planeación del desarrollo con otros órdenes de gobierno y de concertación con los sectores social y privado.



En el artículo 18 también se le dan atribuciones a la Jefa de Gobierno para incorporar hasta a seis personas de los sectores social, académico y privado dentro del Consejo Ciudadano, el cual será un órgano de consulta obligatoria y diálogo público, con carácter consultivo y propositivo en materia económica, social, cultural, territorial, ambiental.



Ese Consejo Ciudadano verificará el cumplimiento progresivo de los derechos en materia de desarrollo urbano. Sus integrantes serán designados por tres años y podrán reelegirse hasta por otros tres años.



El artículo 22 del proyecto habla del Comité de Selección de la Persona Titular de la Dirección General, el cual se conformará por cinco personas.



Para dicho efecto, la jefa de gobierno realizará una convocatoria a las universidades públicas y privadas de mayor reconocimiento en la Ciudad, colegios de profesionistas, institutos de investigación, organizaciones de la sociedad civil y cámaras relacionadas con las materias de planeación.



Dentro del artículo 31 se contempla la creación de un Sistema de Información para la Planeación, el cual tendrá por objeto generar, organizar, actualizar y difundir información estadística y geográfica para sustentar la planeación del desarrollo de la Ciudad, así como su monitoreo y medición para construir políticas públicas basadas en evidencias.



Ese Sistema contendrá información de acuerdo con la naturaleza de las materias de planeación de que se trate. Ese mecanismo de información estará a cargo del lnstituto con la participación de las dependencias, entidades y Alcaldías; los datos que genere serán de carácter público y estarán disponible en formato abierto a través de la Plataforma de Gobierno.



La propuesta incluye un Capítulo Cuarto, relacionado con el control democrático de la planeación. Se asegura, en el artículo 58, que se garantizará la participación ciudadana en la formulación, actualización y modificación, ejecución y seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación, de conformidad con lo que establezca la Ley de Participación Ciudadana.



También, en el artículo 59 se reconoce a los pueblos y barrios originarios la facultad para participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes y programas de la Ciudad, así como para organizar las consultas en torno a las medidas legislativas, administrativas o de cualquier otro tipo susceptibles de afectación a sus derechos, en los términos que establece la recién aprobada Ley Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución de la Ciudad.



El proyecto morenista establece plazos para que el Congreso y la Administración Pública Local, tomen las medidas legislativas, administrativas y presupuestarias a fin de que el organismo se instale, como máximo el 1 de enero de 2020.



También se especifica que el Congreso aprobará la Ley de Ordenamiento Territorial durante el Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la I Legislatura, previa consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes respecto de aquellos contenidos que sean susceptibles de afectar sus derechos.



Además, se precisa que el Plan General de Desarrollo entrará en vigor el 1 de octubre de 2020, el Programa de Gobierno y los programas de gobierno de las Alcaldías lo harán el 1 de enero de 2021, y el Programa General y los programas de ordenamiento territorial de cada una de las demarcaciones territoriales el 1 de octubre de 2021.



Este proyecto de dictamen de Morena se pondrá mañana en la mesa de discusión de las comisiones unidad de Planeación y de Administración Pública del Congreso local, junto con otro proyecto que elaboró el diputado del PAN, Federico Döring.



A las 11:00 horas de este jueves, ambas comisiones están convocadas a reunión, aunque se declararán en sesión permanente con la intención de que el siguiente lunes se vuelvan a reunir para entonces sí discutir y votar el dictamen que se llevará al Pleno la próxima semana.



En virtud de que este documento señala la existencia de una Ley Orgánica del Instituto de Planeación, los legisladores de Morena tienen la intención de socializar la próxima semana el proyecto de dictamen de esa Ley Orgánica, para que las mismas comisiones unidas inicien casi al mismo tiempo el proceso de dictaminación.