Ciudad de México.- Es como una historia de piratas. La apropiación de los 68 mil millones de pesos que se resguardaban en diversos fideicomisos es una suerte de botín de guerra.
Por eso los diputados de Morena y sus aliados procedieron a la destrucción de instrumentos que daban certeza a científicos, estudiantes, artistas, investigados y víctimas de delitos.
Poco importaron los reclamos y los argumentos, las evidencias del trabajo que se hacía y se dejará de hacer, el daño que significará la cancelación de proyectos, pero sobre todo la renuncia a producir conocimientos.
La coartada es que utilizarán recursos para combatir el Covid-19 y enfrentar la emergencia sanitaria.
Es dudoso que esto ocurra, pero si así fuera significaría un error y muy grave, porque es una riqueza con la que ya no se contará, esto es, no tiene vuelta.
Es como desarmar una construcción para enfrentar un temporal, donde ya sabemos de ante mano lo que ocurrirá.
En teoría, quienes diseñaron el presupuesto debieron contemplar los gastos extraordinarios que se tendrían que devengar ante una crisis que continuará, si bien nos va, por meses, si no es que por años.
No lo hicieron porque las prioridades son otras y la absoluta mayoría de tipo clientelar.
Dicen que nadie se quedará sin apoyo, pero esto es una mentira que además significará que muchos de los talentos tengan que migrar a países donde exista la certeza de poder realizar su trabajo sin la interferencia de burócratas.
En el fondo, la instrucción presidencial y la obediencia legislativa tiene que ver con la idea de que los recursos públicos son patrimonio de la 4T y que su utilización sólo depende de la voluntad de quien vive en Palacio Nacional.
Es una venganza contra la inteligencia, contra los centros de reflexión que tanta irritación le causan a la nueva burocracia.
Es un golpe con efectos expansivos, porque lo que se está comprometiendo es el futuro mismo, la posibilidad de hacer mejor las cosas y la cancelación de oportunidades.
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