Ciudad de México.- Una de las causas de tanta violencia es que los gobernantes no se preocupan por controlarla pese a tener el monopolio legítimo de la violencia. Son displicentes por ignorancia, incapacidad o corrupción.
Ilustro mi afirmación con incidentes similares sucedidos en la última semana en el Distrito Federal y Guadalajara. Taxistas con concesión se organizaron para agredir físicamente a conductores de Uber que trabajaban en los aeropuertos internacionales. No estamos ante estallidos espontáneos de ira, sino de ataques planificados. En el Distrito Federal fueron 250 personas y el ataque duró de entre 30 minutos a una hora; en Guadalajara personas armadas y con el rostro cubierto secuestraron durante hora y media a cuatro conductores de Uber con sus unidades.
La motivación de ambos era la misma. Los choferes se sintieron amenazados por esta nueva forma de transporte. Califican a Uber de «competencia desleal» y de invasores de «sus zonas» de trabajo. Un líder taxista aclaró, indignado, que se saltan los derechos de antigüedad de quienes tienen un permiso de taxi.
Estamos ante la consecuencia del capitalismo de compadres que rige partes de la economía. Los aeropuertos son espacios donde florecen las concesiones que se entregan, en muchas ocasiones, al mejor postor. Todo es más caro porque tienen atrapados a consumidores cautivos. Es totalmente natural que haya tensiones entre los taxistas que siempre se han beneficiado y los conductores de Uber que dan un mejor servicio a precios más económicos.
En otros países un conflicto de este tipo se resuelve con ajustes a los reglamentos y mediaciones oficiales. En México se recurre la fuerza por la displicencia del Estado. Si quienes se organizan para ejercerla tienen un pie en la política (indispensable cuando se trata de concesiones) la laxitud crece. Revisemos la evidencia. En la capital los agredidos solicitaron apoyo, pero ninguna autoridad acudió a defenderlos.
Cuando se difundió la noticia quienes gobiernan agarraron el micrófono para lanzar frases tan desgastadas como los rieles de la Línea 12 del metro capitalino. Para el secretario de Movilidad del DF, Héctor Serrano, «no es justificable” que la población use la violencia, el gobierno de la ciudad “evitará la impunidad” y “sancionará a quienes hayan infringido la ley”. El fiscal jalisciense Eduardo Almaguer se basó en conceptos idénticos. Absurdo que lo hagan cuando ellos y quienes los escuchan saben que no cumplirán.
Conversé con un mando de Uber quien me pidió mantener el anonimato antes de reconocer, resignado, que se interpusieron las demandas legales sabiendo que sería inútil. Una anécdota lo confirma. El GDF envió a 30 granaderos para evitar una repetición de los hechos. El mando llegó a la colonia, platicó con los líderes de los taxistas un buen rato y luego se fue con sus subalternos a comerse unos tacos de carnitas antes de retirarse con sus elementos.
Son condiciones ideales para la reproducción de Capital Social Negativo. El término se refiere a los mecanismos que llevan a personas y grupos a ver como normal el uso o la utilización de métodos violentos. Ese capital nutre a los criminales aprovechándose de la impunidad generalizada. Las bandas criminales tienen bien clara la importancia estratégica de las dos terminales del aeropuerto. Por ahí mueven bienes, personas y dinero. En consecuencia, tienen una fuerte presencia en ellos. En suma, la indolencia estatal frente a la violencia es una invitación a que crezca la presencia del Estado paralelo que carcome a México.
Si el gobierno quiere combatir la violencia un primer paso es implantar el Estado de derecho. Como no tiene con qué hacerlo en todo el territorio podría concentrarse en lugares estratégicos: cárceles, carreteras y aeropuertos. Su indiferencia actual es absurda y criminal.
La miscelánea
Hay congruencias de todo tipo. En una Comisión del Instituto Nacional Electoral las consejeras Adriana Favela y Beatriz Galindo confirmaron ser paladines de la impunidad. Ignoraron la evidencia y le mantuvieron el registro al Verde porque sus violaciones a la ley no fueron “sistemáticas” o “graves”. Sólo falta que una mayoría de consejeros las respalde para que el INE se convierta en Santuario de la Corrupción Electoral. En la primera romería iría el panista Ricardo Anaya rodeado de gobernadores.
Comentarios: www.sergioaguayo.org
Colaboró Maura Roldán Álvarez. Me apoyé en el trabajo de las y los reporteros de Reforma y Mural: Alejandro Alvarado, Jonathan Compton, Valeria Huerfano, Jonás López, Gerardo Olvera y Dalila Sarabia.
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