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Justicia

Tortura vigente en algunas detenciones

Ciudad de México.- El Estado que aplica métodos de tortura está actuando de la misma manera que aquellas personas que han cometido algún delito, aseguró Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas del Delito.

Y es que en días pasados Sara Irene Herrerías, titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, consideró que las denuncias sobre presunta tortura se utilizan en muchas ocasiones como una estrategia de defensa por el cual los imputados buscan obtener algún tipo de beneficio, ganar tiempo o simplemente retrasar su proceso judicial.

“Independientemente de que si las personas lo aleguen o no, si ha habido tortura por parte de autoridades federales o estatales, el Estado está actuando de la misma manera que pretende evitar, y por tanto está fomentando la impunidad y está fomentando la comisión de delitos desde el Estado”, subrayó el funcionario.

Rochín del Rincón reconoció dicho fenómeno como una estrategia legal, sin embargo, cuando alguna autoridad incurre en dichas prácticas también se incurre en un delito que puede generar impunidad.

Por ello, las autoridades estatales y federales deben de ser muy cuidadosas al momento de realizar una detención, con apoyo de la tecnología y videograbar cada minuto desde la captura del presunto responsable hasta que se pone a disposición de la autoridad.

Aunque sería más fácil, económico y óptimo evitar en todo momento dichas prácticas, y aunque sean un argumento de la defensa, pericialmente no habrá manera de comprobarlo.

“Sí puede ser, la defensa de una persona busca encontrar cualquier elemento, el tema es primero: que si no se tortura a las personas esa argumentación no tiene por qué proceder, entonces el tema es que en esas detenciones todo se grabe, que sean muy públicas, muy trasparentes toda la acción para que si una persona quiere argumentar bajo esos elementos si no es real que sea fácil de demostrar que eso no sucedió”, dijo.

Rochín del Rincón dijo que se siguen registrando denuncias sobre actos de tortura, sobre todo en las entidades federativas, aunque según datos de la CEAV ha disminuido la tortura a nivel federal, pero a nivel estatal sigue siendo una práctica muy común que da con frecuencia.

“Sigue existiendo (la tortura), pero la tenemos mucho más ubicada en muchas entidades federativas que a nivel federales urgente que esto cambie, ya haya una ley contra la tortura, y ahora es importante que se aplique y se castigue, que se termine con la impunidad de los torturadores, y haya sentencias para personas que cometieron tortura entonces se verá un descenso drástico de esta acción”, dijo.

En su momento Sara Irene Herrerías, explicó que las denuncias o amparos contra la tortura muchas veces se refieren a que se les retraso el suministro de algún medicamento, o porque se les retiraron algunos privilegios – como la posesión un televisor—y que para los afectados y sus abogados se considera como “tortura” aunque no lo sea per se.

Dicha situación se presenta principalmente en las personas imputadas por secuestro, mismo que por lo regular denuncian tortura para autoinculparse, aunque la investigación debe estar sustentada no sólo en la confesión sino en otros elementos de prueba.

Si creo que en algunos casos si se utiliza (las denuncias por tortura) como estrategia de defensa el decir que hubo tortura, y siempre hablo cuando me llegan casos, que hay una víctima de secuestro, y el probable responsable dice que fue víctima de tortura…”

“Tenemos que la Unidad de Tortura, investiga la tortura, ser serios y llegar hasta sus últimas consecuencias, sin embargo, si los elementos probatorios demuestran que esta persona no fue la confesión la que lo incrimina como secuestrador sino que hay más elementos, esta persona también tiene que cumplir. Entonces en ese sentido sí creo que se ha utilizado esta palabra (tortura y violación a los derechos humanos) para una situación de defensa”, comentó en su momento la funcionaria.

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