Ciudad de México.- La Ley de Seguridad Interior (LSI) se encuentra en una primera etapa de sus aplicación en la cual, las minorías en el Congreso, así como otras organizaciones civiles, e inclusive, la PGR o ciudadanos que se vean agraviados, podrían impugnar dicha norma.
Por ello, será a través de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o juicios de amparo como se combata la Ley que fue promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado 21 de diciembre, aunque los partidos que tienen minoría en el Congreso sólo tienen 30 días para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La LSI da amplias facultades al Ejército y Fuerzas Armadas para dirigir acciones y esquemas de gobierno cuando se considere que hay riesgo para la Seguridad Nacional del país, lo cual según especialista genera fuertes contradicciones con la Constitución Mexicana sobre la división de poderes e invasión de competencias y el federalismo.
En este sentido, algunos artículos de la Ley de Seguridad Interior no sólo son inconstitucionales, sino que van en contra de las normas de trasparencia y accesos a la información, derechos humanos y garantías individúales, y tratados internacionales a los que está suscrito nuestro país y que tienen una valía en sus aplicación equiparable al texto constitucional según determinó la SCJN.
Entre dichas normas figuran el artículo Cuarto, Noveno, Vigésimo, que ordenan que la información que derive de la aplicación de la Ley será considerada como de Seguridad Nacional, y en consecuencia podría quedar encriptada por el tiempo que marca la ley.
Además que en los lugares donde se haga la declaratoria de Protección a la Seguridad Nacional, las fuerza armadas o el Ejército coordinarán todas las acciones, y las autoridades civiles sólo coadyuvarán con ellos, y las labores de investigación e inteligencia que podrán hacer las fuerzas militares a discreción.
El constitucionalista, Fabián Aguinaco Bravo consideró que hay serias contradicciones en la ley misma, pero sobre todo que se contraponen directamente con la Constitución Política que establece el federalismo, la autonomía de los estados así como la división de poderes, de lo contrario estaríamos hablando no de una democracia sino de una dictadura.
“El aspecto civil es el que debe de observarse en atención a las disposiciones Constitucionales, el ejercicio que nos obliga a todos aquellos vamos a opinar acompañarlo con el texto constitucional no solo con la buena voluntad de decir es buena o es mala”.
“”Es un problema severo, ¿sino hay una invasión en las esferas de competencia con el ejercicio de la actuación de las fuerzas armadas no estamos desplazando también el federalismo y le estamos arrebatando a los estados facultades que solamente a ellos les podría corresponder, si tiene problemas constitucionales severos y esos son los que haya que atender”.
Y aunque la Ley seguirá vigente, en tanto las minorías legislativas, si es que así lo pretenden, podrán analizar y plantear la Acción, después la Suprema Corte la analizará para después determinara si es procedente o no entrar en su estudio, para luego entrar en el fondo del asunto, todo ello llevara un periodo en el cual ley estará en aplicación porque ya fue decretada por el presidente.
“Las minorías en el Congreso pueden acudir a la acción de inconstitucionalidad ante la Corte, y los particulares, en su momento, una vez que se publique
la Ley, y si les causa un perjuicio podrán recurrir al juicio de amparo, entonces el camino todavía es largo, pero la acción de inconstitucionalidad la podrán interponer tan pronto como la ley entre en vigor”.
El doctor en derecho dijo que inclusive la propia Procuraduría General de la República está legitimada para promover alguna acción, aun cuando forma parte del Poder Ejecutivo, pues es una de las instancias oficiales, junto con la Consejería Jurídica, quienes pueden impugnar leyes por invasión de competencias..
“Van a hacer valer la acción de inconstitucionalidad también, ellos están legitimados para hacerla valer, y eso nos está anunciando que hay varias partes interesadas en promover ese medio constitucional de defensa. Habrá disposiciones que sean las que les causen mayor problema a quien haga valer este medio de defensa, y no va a ser en bloque sino que en puntos precisos”.
“Me preocupa mucho que no se le da un trato adecuado al tema de la Seguridad no que recaiga sobre las policías, ese me parece que es un grave problema. El texto constitucional expresamente nos dice que el tema de las seguridad recae en las policías, en el aspecto civil no militar ese es un tema fundamental.
Explicó que el caso Rosendo Radilla- sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde el Gobierno Mexicano fue encontrado responsable de la desaparición y que dejó en evidencia los riesgos de utilizar al Ejército en la bores propias de las autoridades civiles, y por el cual , la CIDH dispuso que los militares permanezcan en los cuarteles.
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