Tenemos los argumentos para mantener cancelada la planta termovalorizadora, asegura Sheinbaum

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Ciudad de México.-El gobierno capitalino cuenta con todos los argumentos jurídicos y técnicos para mantener cancelado el proyecto de la planta de termovalorización de residuos y no se emitirá un solo recurso de la Ciudad para esa obra, sentenció hoy Claudia Sheinbaum.

La jefa de Gobierno aseguró  que hasta el momento no hay acercamiento de su administración con los representantes de la empresa Termo WTE, filial de Veolia y ganadora de la licitación que emitió el gobierno de Miguel Ángel Mancera para edificar esa planta.

Esa firma presentó en octubre del año pasado un recurso jurídico para compatir un fallo del Tribunal de Justicia Administrativo por el que se suspendió el proyecto de la termovalorizadora. Sobre el tema, Claudia Sheinbaum dijo que ese litigio continúa.

En conferencia de prensa, la mandataria se refirió así a la información publicada por Capital CDMX, relacionada con una auditoría en donde se descubrió que la desaparecida Agencia de Gestión Urbana formalizó contratos con Termo WTE sin contar con la posesión de los inmuebles en donde se ejecutaría el proyecto de la planta.

“De la termovalorizadora está cancelado el proyecto. Lo que ustedes publican era una de las tantas irregularidades del proyecto, además de que era una deuda altísima que no resolvía el problema de la disposición final de los residuos sólidos y sigue parado y va a seguir parado”, dijo Sheinbaum.

Las irregularidades cometidas por la AGU en la administración anterior forman parte de los resultados de una auditoría practicada en 2017 a ese organismo y están contenidos en el Primer Informe Parcial de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2017 que la Auditoría Superior de la Ciudad de México acaba de entregar al Congreso capitalino,

Dentro de la auditoría se refrendan detalles y montos del presupuesto público comprometido, como que en el contrato se estipulaban las obligaciones de pago que tendría la AGU por la realización del proyecto de prestación de servicios a largo plazo, por un monto de 80 mil 603 millones de pesos a cubrirse en un plazo de 30 años y a razón de 2 mil 686 millones de pesos cada mes.

 

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