Surge Ley de Planeación, con reglas ambiguas sobre nuevas autoridades que harán cumplir la norma



Ciudad de México.-En cinco horas de discusión, con una mayoría de Morena que impuso su documento y sus reservas, con un PRD desbaratado o cooptado por el morenismo y el resto de la oposición abandonando el salón de sesiones para no convalidar lo que calificó como una farsa, el Congreso capitalino aprobó esta tarde en lo general y lo particular la nueva Ley de Planeación de la Ciudad.



Esta ley define los instrumentos que formarán parte del desarrollo urbano y del ordenamiento territorial a largo plazo, así como las nuevas autoridades que surgirán para vigilar y hacer cumplir dicha normatividad.



Sin embargo, de entre los 72 artículos y 15 transitorios, destaca la inclusión de un plazo que dejó lugar a dudas sobre su cumplimiento, pues en el artículo séptimo transitorio se señala que el nuevo Instituto de Planeación entrará en funciones a partir del 1 de enero de 2020, es decir, dentro de 20 días.



El problema es que el Instituto surgirá sin que exista la Ley Orgánica de ese novel ente y sin que se hayan conformado las estructuras de carácter colectivo que servirán para hacer 37 nombramientos de funcionarios, entre ellos el de director general de dicha institución.



Además, deben designarse a 15 personas de un directorio técnico, de ellas siete formarán parte de una Junta de Gobierno; habrá otras 12 de un Consejo Ciudadano; un responsable de una oficina especializada para la consulta pública, así como unidades administrativas que estarán definidas en su momento a través de la Ley Orgánica.



A fin de solventar el problema, la diputada de Morena Gabriela Osorio presentó una reserva al artículo séptimo transitorio para señalar que la estructura orgánica y administrativa del Instituto de Planeación deberá estar lista a más tardar el 1 de enero del próximo año, pero la integración de los órganos de dirección de dicho ente podrá concretarse en un periodo de 60 días a partir de la entrada en vigor de esta ley.



En entrevista, la diputada de Morena Guadalupe Chavira, aseguró que ya tiene lista una propuesta de Ley Orgánica del Instituto que presentará mañana con la intención de avanzar en su dictaminación, aunque reconoció que esa estructura jurídica estará lista hasta el periodo de sesiones que inicia en febrero de 2020.



Aceptó que la Ley Orgánica es importante pues determinará todo el proceso de designación del director general del Instituto de Planeación y de los otros 36 cargos. Así, dijo que mientras tanto quedará conformado el proceso administrativo, más no el deliberativo del Instituto.



La también diputada de Morena, Paula Soto, logró que prosperaran sus reservas a los artículos 9, 19 y 20 de la Ley de Planeación, para detallar que el nombramiento del Director General del Instituto de Planeación será por mayoría calificada de los miembros del Congreso de la Ciudad, es decir, 44 de los 66 integrantes del Legislativo local.



Otra reserva que se incluyó en el dictamen fue de la morenista Donají Olivera, para garantizar la paridad de género en la integración de los cargos directivos del Instituto de Planeación. En ese mismo sentido se aprobó una propuesta de la legisladora del PAN, América Rangel.



De alrededor de 75 reservas que se presentaron, la oposición inscribió dos terceras partes de ellas, pero una a una enfrentaron el rechazo de Morena y sus aliados políticos del PT, PVEM y PES. Así, para la mera anécdota quedaron planteamientos como el del panista Federico Döring, quien propuso la obligación al director del Instituto de Planeación de no haber laborado durante los últimos 10 años en el sector privado y específicamente dentro del ramo de la construcción, para comprobar así que no tiene un conflicto de interés con el llamado cartel inmobiliario.



Como la mayoría de sus propuestas eran rechazadas, los diputados de la oposición comenzaron a tomar sus pertenencias, levantarse de sus curules y abandonar el salón de sesiones.



“El grupo parlamentario de Acción Nacional retira las reservas pendientes derivado de que más allá de los agravios, más allá de que no escuchan las y los compañeros de Morena cada una de las observaciones, de los argumentos en nuestras reservas, es que no vamos a seguir en esta farsa en términos de que solamente a través de la mayoría y haciendo a un lado las propuestas y los argumentos es que nos retiramos y desechamos las reservas pendientes”, dijo desde su lugar el panista Christian Von Roehrich.



Junto con él se iban del recinto los perredistas Jorge Gaviño y Víctor Hugo Lobo, aunque no todo el PRD siguió el mismo ejemplo, pues los legisladores del sol azteca Valentín Maldonado y Paula Castillo regresaron no sólo para hacer quórum, sino también para votar a favor del dictamen en lo particular que quedó avalado con 39 votos a favor y cero en contra.



Valentín Maldonado, ex delegado perredista en Coyoacán y ex integrante del equipo político del polémico Mauricio Toledo, dejó su voto plasmado en el tablero electrónico.



Paula Castillo, esposa de Miguel Ángel Vásquez, el también polémico ex director de Capital Humano en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, votó de viva voz desde las curules de Morena, entre el aplauso de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional.



De las propuestas que se incluyeron de último momento al cuerpo del dictamen se incorporó una reserva de la coordinadora del PT, Circe Camacho, la cual establece los plazos para la entrada en vigor de otros instrumentos de planeación.



Así, quedó establecido que el Plan General de Desarrollo entrará en vigor el 1 de octubre del 2020; el Programa de Gobierno y los programas de gobierno de las alcaldías lo harán el 1 de enero del 2021.



El Programa General de Ordenamiento Territorial y los programas de ordenamiento territorial de cada una de las demarcaciones territoriales entrarán en vigor el 1 de octubre de 2021.



El Instituto elaborará y remitirá al Congreso, a la administración pública local y a las alcaldías a más tardar el 30 de julio del 2020 un diagnóstico sobre los asentamientos humanos irregulares y las propuestas de acciones y medidas a implementar, previo a la entrada en vigor de los programas de ordenamiento territorial. La administración pública local y las alcaldías deberán implementar de inmediato las acciones y medidas contenidas en el diagnóstico antes señalado, debiendo informar de manera trimestral al Congreso sobre su avance y cumplimiento.

Voces en contra



Durante el debate, legisladores como Federico Döring advirtieron sobre las deficiencias y vacíos de esta ley.



“No compartimos el dictamen que se presenta hoy porque no contiene nada del espíritu del Constituyente ni nada de lo que los ciudadanos exigieron. Hay que decirlo como es, no hay media sílaba en el dictamen publicado en Gaceta que hable de una sola aportación ciudadana que esté en la exposición de motivos.



“Se pretende hacer una suerte de fraude legislativo al haber convocado a los foros y después no incorporar las propuestas de los ciudadanos al dictamen de referencia, llegando al grado de incluso pretender callar a Mónica Tapia de Ruta Cívica, cuando expresó su inconformidad con los contenidos del dictamen”, acusó.



Lamentó que esta ley no tiene candados de participación ciudadana; no establece los plazos específicos para consultar cada instrumento de la planeación ni las formas en que cada instrumento será concertado.



Por su parte, el perredista Jorge Gaviño habló de lo que calificó como una serie de irregularidades para llegar al dictamen.



Recordó que cuando surgió un primer proyecto de dictamen desde la Comisión de Planeación, de forma sorpresiva surgió un segundo proyecto desde la Comisión de Administración Pública que encabeza la morenista Guadalupe Chavira, “cosa que aquí ya se determinó que no ocurrió así, que fue falsa, que era un proyecto de la diputada Chavira, no de la comisión; sin embargo, llegó con papel membretado de la comisión y dice ´aquí está otro proyecto’.



“Las mismas iniciativas, dos comisiones, dos dictámenes distintos, uno de una comisión y otro de una diputada. Por lo menos aquí ya tenemos un conflicto para poder dictaminar, porque hay artículos que se contraponen entre sí y hay artículos que son coincidentes. Lo importante es tener la mejor ley para la ciudad”, detalló el perredista, quien lamentó que en este caso Morena legisló sobre las rodillas.