Ciudad de México.- La reforma al Poder Judicial más importante en los últimos 25 años, ha quedado opacada por la imprudencia de incluir un artículo transitorio que prolongaría el mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
Es un tema relevante porque coloca al ministro Zaldívar en una posición embarazosa, ya que vulnera la independencia judicial y despoja a los ministros y ministras de la facultad que la Constitución les otorga para decidir quién los presidirá cada cuatro años.
El presidente Andrés Manuel López Obrador suele echar leña al fuego cada que le recuerdan el tema, al afirmar que sólo el ministro Zaldívar garantiza la implementación de la reforma, ya que los demás integrantes del pleno no son, para él, de fiar.
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Por ello, el ministro Zaldívar tomó la decisión de solicitar una consulta urgente a sus pares, una figura que solo se utiliza ante situaciones que puedan comprometer la independencia del Poder Judicial.
Es el caso, por supuesto y es de prever que se rechazará la ampliación del mandato porque, a todas luces, contraviene el texto constitucional.
Es saludable que así ocurra, porque de otra forma estaríamos entrando en un periodo de oscuridad legal y de mucha incertidumbre, donde el periodo de los cargos se podría cambiar por la vía de las leyes ordinarias.
El panorama político cambió con la elección y es evidente que hay una voluntad ciudadana de establecer límites y equilibrios. En ese contexto hay que incluir a lo que ocurre en la SCJN, donde ya no van a responder de modo tan sencillo a los caprichos presidenciales, como hicieron con la consulta del pasado, por recordar uno de los momentos más bochornosos.
La forma en que se decidió la ampliación del mandato del ministro presidente, con el argumento de que sería lo ideal para implementar la reforma, está plagada de vicios legislativos y contraviene a la legalidad. Es sorprendente que se haya aprobado en las dos cámaras, pero es tiempo de que el propio Poder Judicial resuelva el problema.
Ojalá no demore la resolución, para que la Suprema Corte se concentre en sus tareas más relevantes y las que, en el fondo, son una garantía de que el poder tienen límites y que estos están estipulados las propias leyes y en particular en la Constitución.
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