Ciudad de México.- El Poder Judicial de la Federación adquirió 72 camionetas blindadas que serán distribuidas entre jueces y magistrados de cuatro estados de la República, cada vehículo tuvo un costo de 2 millones 162 mil pesos.
Cabe recordar que a principios del 2017 el PJF recibió una primera remesa de éstos 70 vehículos, igualmente destinadas a integrantes del Poder Judicial, y ahora con esta nueva adquisición serán 142 acorazados, para una inversión total en estás dos fases de 284 millones de pesos aproximadamente, sólo por concepto de vehículos blindados.
En esta segunda remesa, en total el PJF pagará 155 millones 681 mil 568 pesos por los 72 vehículos, lo que significa un costo de 2 millones 162 mil 244 pesos por cada camioneta blindada, y se espera sean entregadas en los próximo días.
Así, 19 vehículos acorazados serán distribuidos en Querétaro, Quéretaro; 19 para la capital de San Luis Potosí; 19 en Hermosillo en Sonora y, 15 para Zapopan en Jalisco, y se entregarán principalmente a los jueces y magistrados que abordan temas relacionados con la delincuencia organizada.
También se invirtieron 32 millones, 760 mil, 441 pesos; por concepto de chalecos blindados; arcos y bastones detectores de metales para el personal que resguardan las sedes judiciales donde se discuten temas relacionados con delitos contra la salud y crimen organizado, entre otros, divulgó en su página electrónica el Consejo de la Judicatura Federal .
Así, la inversión neta para la seguridad en el 2018 para el PJF será de 188 millones, 442 mil, 009 pesos, que se suma al gasto del 2017 para la adquisición de otras 70 camionetas blindadas para igual número de jueces.
En octubre pasado el PJF lanzó una licitación para adquirir un lote de otras 72 camionetas, así como chalecos acorazados y equipo de detección intrusiva, con ello buscan proteger a los funcionarios que dirimen en temas complejos.
De acuerdo con la licitación CJF/SEA/DGRM/LPN/026/2017 "Adquisición de vehículos blindados, prendas de protección personal y equipo de detección intrusiva", que comprende: 72 vehículos blindados tipo SUV; de 80 a 120 chalecos balísticos; de 38 a 61 bandas de rayos "X"; de 22 a 46 arcos detectores de metales, y de 45 a 86 detectores de metales manuales.
En el 2014 se firmó el protocolo de seguridad para jueces, por el que se autorizó el uso de escoltas y autos blindados para jueces, sus colaboradores y familias cuando sea necesario.
El Protocolo Iberoamericano para Garantizar la Seguridad de las y los Juzgadores se toma como base para garantizar su independencia y autonomía al momento de juzgar, salvaguardando a su equipo de trabajo y a sus respectivas familias.
Como parte de este esquema se plantea la necesidad de la reubicación voluntaria como medida cautelar en caso de que el juzgador y su familia estén en riesgo, y tengan que cambiar de residencia y adscripción.
En sus justificaciones se explica que la presencia del crimen organizado transnacional ha ganado espacios a través de su poder económico, y es la amenaza constante para el trabajo de jueces y magistrados.
El documento subraya que ninguna de estas medidas preventivas tendrá algún costo adicional para los jueces y magistrados que soliciten la protección.
“Los integrantes de los poderes judiciales ocupan una posición muy destacada, pero a la vez de alta exposición, lo que hace necesarios esquemas más afectivos de seguridad y protección”, es una de las justificaciones para crear el protocolo.
También se solicitan sueldos dignos con base a sus funciones, y que se eliminen las multas y costas en contra de los impartidores de justicia por el dictamen de sus resoluciones, así sean erróneas.
Como parte de las garantías para realizar su trabajo piden que las denuncias y quejas infundadas en su contra sean sancionadas.
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