Ciudad de México.- La revocación de mandato en la Constitución de la Ciudad de México parece prosperar entre el llamado grupo de notables, pero no entre los políticos.
El PRD quiere que la figura se aplique excepto para el jefe de Gobierno; el PAN busca que todos los funcionarios de elección popular se sometan a ésta; y el PRI no se define, pero está abierto al debate.
Una de las propuestas para la Constitución capitalina que trabaja el grupo de notables, de acuerdo con un documento de trabajo cuya copia tiene Capital CDMX, es que la ciudadanía “tiene derecho a participar directamente en las decisiones de gobierno, a ser consultada en referéndum, plebiscito, presupuesto participativo, a revocar el mandato de todo funcionario electo y a solicitar la remoción de las autoridades que ejerzan su cargo por designación”.
El presidente del PRD capitalino, Raúl Flores, acepta la revocación de mandato para los funcionarios con posibilidades de reelección, es decir, para delegados y diputados locales, pero cierra la puerta para que se aplique al jefe de Gobierno.
-¿No sería conveniente que el jefe de Gobierno también se sometiera a esta figura?.
– Digamos que tendría que haber una serie de faltas graves para que eso operara, pero en ese sentido ya hay una serie de causas graves para que esto se pueda dar.
Flores comenta que la figura debe estar bien regulada para que no se utilice sólo con el fin de remover a gobernantes. “Esta figura, en general, en el mundo, tiene hasta el 30 por ciento del padrón electoral, es en el segundo año de mandato y no necesariamente implica la salida del gobernante que no es ratificado por los votantes, sino que no se pueda presentar a la reelección”, explica.
Para Mauricio Tabe, presidente del PAN en la Ciudad de México, la revocación de mandato debe aplicarse a todos los funcionarios que se sometan al voto popular, incluido el jefe de Gobierno.
Considera que la Asamblea Constituyente debe debatir los requisitos para que se aplique este tipo de democracia participativa, pues se requieren normas claras, que determinen la causa justificada y la necesidad de hacer el relevo de un gobernante, además de un planteamiento “muy sensato de exigencia”.
“En el caso del jefe de Gobierno podría ser sin duda a mitad del periodo, pero habría que revisar bajo qué condiciones se hace la revocación de mandato y qué requisito. Tampoco para que se preste al chantaje político de grupos organizados. No se trata de dejar en estado de indefensión a los gobernantes y que luego no se puedan mover por estar de rehén y a contentillo de grupos, y luego no pueda gobernar”, aclara el panista, que está en la lista de su partido para ir al Constituyente.
Mientras que el PRD y el PAN tienen definida su propuesta, el PRI pide que el tema se debata de cara a la formación de la Asamblea Constituyente.
Mariana Moguel, presidenta del PRI capitalino, dice que su partido está abierto a avalar mayores esquemas de participación ciudadana. “Nosotros qué decimos: mucho más controles constitucionales para transparencia y rendición de cuentas, fortalecer la participación ciudadana y que sea más activa, mejorar la Ley de Participación Ciudadana que ya tenemos en la Ciudad de México y debatir esquemas como los que la gente está proponiendo ahorita y uno de esos temas es revocación de mandato. Entre más contrapeso exista, más democracia existe”, afirma.
“Revocación de mandato, claro, son los temas que tenemos que ir a discutir en ese Constituyente, el cómo le vamos a dar a los ciudadanos más herramientas. Hoy por ejemplo para que la voz de un ciudadano se escuche debe volverse un movimiento ciudadano muy fuerte, lo vimos por ejemplo con el Corredor Chapultepec”, agrega.
La revocación de mandato ya está a discusión, es un tema que tiene consenso entre la mayoría del grupo de notables, pero falta precisar requisitos y, con la polémica, determinar si el jefe de Gobierno se sometería a este derecho político ciudadano.
Igual que la iniciativa ciudadana, la revocación requiere que la respalde determinado número de ciudadanos para que se lleve a cabo la votación en favor o en contra del mandato del servidor público. Se debe precisar qué instancia estaría a cargo del procedimiento y quién sería el remplazo del funcionario removido.
La figura se aplica en varios países de América. En Estados Unidos no se aplica a nivel nacional, pero sí en estados como California. En Venezuela, en cambio, todos los funcionarios, incluido el Presidente de la República, están sujetos a este mecanismo de democracia participativa. También Bolivia la permite para todo funcionario, incluido el Presidente, excepto el órgano judicial.
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