Ciudad de México.- Los cinco senadores panistas que se encuentran en la palestra por votar junto con el PRI la designación de Ernesto Cordero como presidente del Senado, rechazaron que la decisión obedeciera a una transacción o acuerdo para aprobar el pase directo del actual Procurador, Raúl Cervantes, a la Fiscalía General de la República.
“Nuestra posición es absolutamente clara en el tema: votaremos en contra de la minuta de la Cámara de Diputados que pone en antesala la conversión de la actual Procuraduría. La “minuta Anaya” es deficiente y disfuncional. Significa un retroceso para el fortalecimiento de la procuración de justicia en el país. No avalaremos el error que cometieron los diputados panistas, encabezados por Ricardo Anaya, en la legislatura anterior”, argumentaron los senadores.
A través de un comunicado, el propio Ernesto Cordero, Roberto Gil, Javier Lozano, Salvador Vega y Jorge Luis Lavalle, expusieron que lejos de orquestar una “maniobra a espaldas del partido”, decidieron no ceder al chantaje en la elección de la Mesa Directiva del Senado.
Acusaron que Ricardo Anaya ordenó a sus senadores que boicotearan la sesión de instalación del Senado, tal y como sigue aconteciendo en la Cámara de Diputados. “Junto con 82 senadores de cuatro fuerzas parlamentarias, optamos por dar estabilidad al Senado y permitir que funcione con normalidad. Ricardo Anaya apostó por una crisis constitucional que no tenía remedio visible y que traería consecuencias funestas para el país. Nosotros actuamos con responsabilidad frente a una estrategia que buscaba el colapso de las instituciones para sacar tajada, porque nosotros aprendimos en el PAN que nadie tiene el derecho de mandar al diablo a las instituciones”, dijeron.
Estos legisladores, acusados de traición por sus compañeros de partido e incluso advertidos de que serán sometidos a un proceso de expulsión de Acción Nacional, argumentaron que el supuesto albazo que se fraguaba en el Senado para convertir al Procurador Cervantes en Fiscal General es una cortina de humo que inventó Ricardo Anaya para distraer la atención sobre todo lo que tiene que explicar sobre su patrimonio.
Expusieron que por casi 3 años, desde que Anaya promovió y facilitó la votación del pase directo, en ese entonces en beneficio del Procurador Murillo Karam, ese tema ha permanecido sin dictaminar en la Comisión de Justicia del Senado, sin embargo, surgió a la opinión pública como un asunto inminente, de forma sorpresiva, justamente cuando Ricardo Anaya se inventó su teoría del complot para escapar del escrutinio público.
Los cinco senadores expusieron que lo que sucedió en la sesión de instalación es el reflejo crudo de la división que vive Acción Nacional y de la dualidad en la que se mueve Anaya, como dirigente y candidato, lo que ha generado una tensión insostenible en el PAN.
Al exigir que Anaya se separe inmediatamente del partido, Cordero, Lozano, Gil, Lavalle y Vega dijeron que enfrentarán el proceso de expulsión con dignidad y hasta las últimas consecuencias. “Exigimos un juicio justo, público, imparcial, en el que se respeten nuestras garantías y derechos. Desconoceremos la autoridad y jurisdicción de los órganos a modo del autócrata dirigente. Iremos hasta el Tribunal Electoral si es necesario. Anaya no decide quién es panista y quién no”, sentenciaron.
Responde el PAN
Por separado, el CEN del PAN emitió un comunicado en el que señaló que, cuando se votó la reforma política-electoral de 2013 que transformó a la PGR en Fiscalía General, Ricardo Anaya había pedido licencia a su cargo como diputado.
Expuso que en aquel momento se consideró un enorme avance dotar de autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República y transformarla en una Fiscalía General. “Lamentablemente no fue materia del debate el tema del llamado pase automático”, señaló el CEN panista.
La dirigencia nacional manifestó que el proceso legislativo permite rectificar, por lo que hicieron un llamado a todos los grupos parlamentarios, y muy especialmente a los del PAN, para que se elimine el "pase automático" de actual Procurador a Fiscal General, y se garantice una Fiscalía apartidista e independiente.
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