Ciudad de México.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhibió que Rosario Robles Berlanga, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dejó sin vivienda a 96 damnificados desde el 2013 por el Huracán “Ingrid” y la Tormenta Tropical “Manuel”, en Acapulco, Guerrero.
Personal de esa dependencia no incluyó a familias como beneficiarias de reubicación; contravino la obligación de utilizar hasta el máximo de recursos disponibles para garantizar el derecho a una vivienda adecuada.
Además, no garantizó que una constructora cumpliera con la edificación de un proyecto habitacional e incumplió con el deber de prevenir a la población de riesgos futuros.
Por ello, personal de la Sedatu violó el derecho humano a una vivienda adecuada en relación con el derecho a un nivel de vida digna en agravio de esas personas damnificadas, habitantes de la localidad “El Quemado”, municipio de Acapulco.
A través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el Gobierno Federal aprobó destinar recursos a la SEDATU para atender ese desastre; por ello, para las personas damnificadas de la Comunidad “La Isla Las Casitas” se autorizó la ejecución de 26 acciones de vivienda que se ubicarían en “El Quemado”.
Sedatu y una empresa celebraron un contrato de obra pública con objeto de construir viviendas mediante el proyecto San Agustín Barrio III en la mencionada localidad, consistente en 330 acciones parciales, 357 acciones totales y 137 de reubicación, acción en la cual se incluyó a las personas beneficiarias de “La Isla de Las Casitas”.
La construcción inició en 2014 pero, dos años después, la empresa constructora incumplió con el contrato, lo que tuvo como consecuencia “la falta de recursos económicos” para atender al total del padrón de personas beneficiarias, con el que hubo retrasos en la conclusión de la obra, sin que se encontraran evidencias de que la Secretaría iniciara procedimientos para hacer válidas las garantías que el contrato establecía y así recuperar el dinero.
Además, argumentó que el retraso en la entrega de viviendas se debía a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó la inspección del proyecto San Agustín II y, debido a que no contaba con autorizaciones en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, le impuso una “Clausura Total Temporal” de las obras de construcción.
Personal de la CNDH realizó visitas a la zona afectada, donde se percató del gran deterioro de las viviendas que las hace inhabitables; se reunió con integrantes del mencionado Comité y conoció de otros casos de personas afectadas, que se incorporaron al expediente inicial, haciendo un total de 96 personas agraviadas.
La CNDH pide a la titular de la SEDATU inscribir a las 96 víctimas en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso a la reparación integral del daño que sufrieron; se realicen todas las medidas necesarias de carácter legal, administrativo y de recursos financieros para que esa dependencia federal, a más tardar el 30 de noviembre de 2018, concluya los trabajos de construcción de viviendas adecuadas para los damnificados de los fenómenos meteorológicos.
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