Ciudad de México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso que sea nombrado un fiscal general de la República de transición y que entre en funciones desde diciembre próximo y hasta septiembre de 2021.
Desde el Hemiciclo a Juárez del Centro Histórico de la Ciudad de México, el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo estar consciente de que la propuesta de reformar el Artículo 102 de la Constitución llevará tiempo y supone diversos cambios legales, como una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General.
De ahí que en ello debe haber un periodo de transición, apuntó el dirigente patronal, al señalar que el fiscal general debe ser elegido por el método tradicional, a partir de una terna que envíe el presidente de la República y sea votada por mayoría calificada en el Senado.
Se pretende que la nueva figura sea verdaderamente autónoma del poder Ejecutivo y opere de forma independiente y eficaz, al tiempo de estar a cargo de diagnosticar y proponer leyes secundarias para la transición efectiva de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscala General.
De Hoyos confió en que exista voluntad del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y de los futuros integrantes del Congreso de la Unión para realizar la elección del fiscal independiente.
Además, el sector patronal inició la recolección de al menos 117 mil firmas –requisito legal para activar el proceso legislativo a partir de la iniciativa ciudadana- y lograr la iniciativa de reformar el Artículo 102 de la Constitución para conformar la fiscalía autónoma.
“Se trata de un ejercicio inédito en la democracia mexicana. Por primera vez se intentará una iniciativa ciudadana que modifique la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que sea impulse con una aplicación digital -desarrollada por el Instituto Nacional Electoral (INE)- para registrar el apoyo social”, argumentó.
Acotó que esta medida abre una extraordinaria posibilidad de corregir las fallas e insuficiencia de las modificaciones legales que se realizaron en 2014, como una autonomía limitada respecto del Ejecutivo, partiendo de procedimientos de eficacia limitada en la designación y separación del Fiscal General.
Añadió que otra falla reside en la subordinación de las fiscalías especializadas, dado que el fiscal general tendría la facultad de designar y remover libremente a los titulares de la Fiscalía de asuntos electorales y de la fiscalía anticorrupción. (Notimex)
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