Ciudad de México.-Diputados del Congreso capitalino tardaron un año en darle vida a la Ley Ingrid, pero hoy en sesión del Pleno y por unanimidad avalaron el decreto de reforma al Código Penal capitalino por el cual se sanciona penalmente a los servidores públicos que indebidamente difundan, entreguen, revelen, publiquen, transmitan, expongan, graben, fotografíen o compartan imágenes, audios, videos o documentos relacionados con un hecho delictivo o un procedimiento penal.
Fue justo el 14 de febrero del año pasado cuando la fiscal de la Ciudad Ernestina Godoy, entregó al órgano legislativo la iniciativa de adición de un artículo 293 Quarter al Código Penal local que impone esa pena de prisión por la filtración de imágenes o datos de víctimas de un delito.
Sin que se presentaran reservas al dictamen y sin mayor discusión, los legisladores avalaron esta reforma con la cual se impone de dos a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización al funcionario que incurra en la filtración de datos, imágenes o videos de víctimas.
El presidente de la Comisión de Administración de Justicia, el morenista Eduardo Santillán Pérez (MORENA), se encargó de fundamentar el dictamen de reforma. Destacó que con esto será posible evitar que las personas servidoras públicas filtren información de una investigación penal y con ello se revictimice a una persona.
La adición del Artículo 293 Quáter, señala específicamente que “se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”.
Asimismo se precisa que las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte, si la información que se difunda es con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.
El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida, es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte, nunca debe ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado, tanto a los que lo sufren como a los familiares y comunidad que les rodea, se detalla en el cuerpo del dictamen.
El año pasado, cuando presentó la iniciativa, Ernestina Godoy detalló que para ese momento había seis servidores públicos sujetos a indagatoria, entre ellos policías preventivos, peritos y paramédicos.
Fue el 9 de febrero de 2020 cuando se divulgaron en redes sociales y medios de comunicación las imágenes del cuerpo mutilado de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, lo que llevó a autoridades capitalinas y legisladores a proponer sanciones severas para los servidores públicos que filtraran ese tipo de información.
El dictamen se construyó con las propuestas de iniciativas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por las diputadas Isabela Rosales Herrera (MORENA), Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) y Ana Patricia Báez Guerrero (PAN).
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