Se juzga con ética, honradez y en beneficio de la sociedad: magistrado Pérez Juárez

Ciudad de México.- Los impartidores de justicia deben resolver con profundo sentido ético, y en la búsqueda de servir con honradez en beneficio de la sociedad, la sana convivencia y la paz social, aseguró Álvaro Augusto Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

Al encabezar la entrega de los reconocimientos Fiat Iustitia, enfatizó que este galardón reconoce aquellas resoluciones en las que jueces y magistrados aplican criterios del derecho internacional de los derechos humanos armonizándolos con normas internas, y el ordenamiento de medidas de reparación integral del daño.

En sesión pública del pleno de magistrados recordó que también, criterios de género, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición con vocación transformadora de la situación de un individuo, que tenga un efecto restitutivo, correctivo y que garantice la no repetición.

El presidente del TSJCDMX, informó que los galardonados en esta edición son los magistrados Rebeca Florentina Pujol Rosas y Francisco José Huber Olea Contró, y la jueza Flor de María Hernández Mijangos.

En el caso de la magistrada Pujol Rosas, por un recurso de queja en materia familiar en un juicio de guarda y custodia, en el que determinó la entrega inmediata de una menor, en un principio a los abuelos maternos, y posteriormente a su progenitora en Estados Unidos, con base en el interés superior de la niña y la perspectiva de género.

Por lo que respecta al magistrado Olea Contró, por su resolución en un recurso de apelación en un juicio ordinario civil sobre una persona adulta mayor, en la que atendió la protección integral de sus derechos, revocando una sentencia de primera instancia y obligando a la contraparte a la rescisión de un contrato de compra-venta y al pago de una renta por concepto de indemnización.

En relación a la jueza Hernández Mijangos, por una sentencia definitiva en un juicio ordinario civil sobre la protección a una persona adulta mayor, en la que se le garantizó el adecuado acceso a la justicia, con base en normas jurídicas aplicables que le reconocen un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.

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