Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos de la CDMX se congratuló de la resolución adoptada ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la consulta realizada en su momento por la Asamblea Constituyente durante la creación de la Constitución capitalina.
A través de un comunicado, el organismo expuso: “La CDHDF se congratula por la decisión de la SCJN pues tendrá consecuencias favorables en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, ya que quedan reconocidos en la Constitución y obliga al Gobierno de la Ciudad de México a garantizarlos”.
Ayer, los ministros de la Corte discutieron el proyecto relacionado con la impugnación de la Procuraduría General de la República (PGR), que acusó la invalidez del proceso legislativo referente a la consulta previa a las personas con discapacidad.
Con ocho votos a favor y tres en contra del proyecto del Ministro ponente Javier Laynez Potisek, la SCJN reconoció que el proceso legislativo sí cumplió con las exigencias constitucionales y de los tratados internacionales, debido a que la Asamblea Constituyente tenía plena autonomía para el ejercicio de sus facultades y se realizaron diversas consultas a través de diversos medios.
La Comisión destacó del análisis que los argumentos de la PGR eran infundados porque, si bien es cierto que existe una obligación convencional de consultar a las personas con discapacidad, en el caso de la Constitución Política de la Ciudad de México, dicha obligación no resulta aplicable, al tratarse de un documento fundacional que no regula cuestiones específicas de los derechos de las personas con discapacidad, por lo que las obligaciones de consulta no son aplicables a un ordenamiento de tal naturaleza y características.
“Lo anterior sin menoscabo de lo establecido en la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues para regular y garantizar lo relativo al Artículo 11 Constitucional, las autoridades de la Ciudad de México tendrán que celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las personas con discapacidad, incluidos las niñas y los niños con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”, se detalló en el comunicado.
El Artículo 11 apartado G de la Constitución, entre otros aspectos, reconoce los principios de inclusión, accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables; promueve la asistencia personal para el desarrollo de las personas con discapacidad en comunidad y obliga a las autoridades a implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.
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