Sanciona Cofece a empresas y personas físicas por pactar los precios de venta al público de las gasolinas



Ciudad de México.- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó que diversas empresas que pertenecen a los grupos de interés económico Gasmart, Rendichicas, Appro, Magigas, Eco y las sociedades Colorado, Florido, Becktrop, Ravello, Dagal y Cargas, así como 11 personas físicas que actuaron en su representación, cometieron prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la comercialización de gasolinas en los municipios de Tijuana y Mexicali, en el estado de Baja California.



También concluyó que Onexpo Baja, la Asociación de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEGT), la Asociación de Gasolineros de Mexicali (Onexpo Mexicali) y cuatro personas físicas incurrieron en el ilícito de haber coadyuvado, propiciado o inducido esas conductas anticompetitivas.



Las prácticas anticompetitivas sancionadas consistieron en acuerdos entre competidores para mantener los precios de las gasolinas en el precio máximo determinado por el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por lo anterior, se les impusieron multas que en conjunto suman 51 millones de pesos.



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Como medida previa a la liberalización de los precios de las gasolinas, en términos de la normatividad aplicable de aquel entonces, la SHCP anunció que desde enero de 2015 entrarían en vigor precios máximos de venta al público.



A partir de esta nueva política, los expendedores podían ofrecer, de manera independiente, precios menores al máximo para ganar la preferencia de los consumidores. Al observar esta situación, Onexpo Baja y la APEGT convocaron a los distintos gasolineros con el objetivo de lograr “la unidad en el sector” respecto a los precios de las gasolinas en Tijuana. En este sentido, Gasmart, Appro, Ravello y Eco acordaron mantener el precio de las gasolinas en el máximo determinado por la SHCP y abstenerse de dar descuentos.



La estimación de sobreprecios a las gasolinas provocados por las conductas anticompetitivas fue de al menos 10 centavos por litro en lo que toca a Tijuana, y de hasta 60 centavos por litro en Mexicali, lo que generó un daño al mercado calculado en 27 millones 431 mil pesos. Asimismo, se considera que las conductas sancionadas fueron graves, al haber sido intencionales, además de generar una afectación directa a los consumidores que utilizan vehículos automotores, así como a otros sectores que utilizan este bien como insumo, como el transporte público y de mercancías.